Montoro hace la vista gorda frente a la quiebra económica de Navalcarnero

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montoro_navalcarneroNAVALCARNERO. El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Navalcarnero (PP), encabezado por el alcalde Baltasar Santos, ha llevado al municipio a un estado de quiebra prácticamente irreversible. La dramática situación de las arcas municipales, informada por el interventor al Ministerio de Hacienda desde 2012, obligarían a que el equipo de Cristobal Montoro iniciase el procedimiento de control de la corporación local.

Una deuda escalofriante que, con intereses, supera los 200 millones de euros; ejecuciones por impago; incumplimientos constantes de la Ley de Estabilidad presupuestaria; gastos no esenciales; y presupuestos ficticios y prorrogados desde 2008 con una estimación de ingresos totalmente fuera de la realidad… Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de un demoledor informe de 15 páginas, del 12 de septiembre realizado por el interventor del Ayuntamiento de Navalcarnero para la liquidación del presupuesto de 2013.

Una situación que según los expertos exigiría que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas tomase cartas en el asunto y aplicase un claro procedimiento para controlar hasta el último céntimo del dinero público de Navalcarnero. Sin embargo, según explica el informe, hasta la fecha no hay «constancia de actuación alguna» por parte del equipo de Montoro.

Y la enferma situación económica empeora con el paso de los meses. Porque para hacer frente a la deuda, que oficialmente asciende a 114,4 millones de euros, el consistorio debería refinanciar y destinar a ello el 43% de los ingresos de los próximos 25 años.

La deuda del Ayuntamiento, sumando los acreedores a corto y largo plazo contenidos en el balance es de 114.414.252,88 euros, explica el informe. «Referenciar esa cantidad a un plazo de 25 años tomando como referencia un tipo del 5% supondrá un gasto anual cercano a los 8,3 millones de euros, es decir, el 43% de los ingresos cobrados por operaciones corrientes durante el ejercicio de 2013, y que ascendieron a 19.708.528,09 euros».

En total, el municipio se encontraría con una deuda de más de 207 millones de euros entre principal e intereses, atendiendo al plazo indicado por el funcionario habilitado nacional. El interventor justifica la tardanza en elaborar la liquidación en la existencia de «determinadas deudas no recogidas en la contabilidad, principalmente derivadas de la situación crediticia que se encuentra en su mayoría en ejecuciones judiciales por impago«.

El interventor explica que ha informado «regularmente» al Gobierno local que estaba realizando «gastos no esenciales para el funcionamiento del Ayuntamiento» que hace que «no se cumpla con la estabilidad presupuestaria». La ley exige a los ayuntamientos que prioricen el pago de intereses y capital de la deuda vencida, algo que incumple sistemáticamente Navalcarnero.

El informe de liquidación de los presupuestos pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Navalcarnero incumple «con el principio de estabilidad presupuestaria», lo que indica que «no es sostenible financieramente». Añade, además, que «no cumple con la regla de gasto, ni con el periodo medio de pago a proveedores, ni con el objetivo de deuda pública«.

Pero los incumplimientos sistemáticos de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el municipio no son una novedad. El funcionario añade que ya puso al corriente de la situación al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas durante la liquidación del presupuesto de 2012 y mediante los informes trimestrales de 2013.

El propio funcionario desarrolla la secuencia de los hechos y actuaciones que se tendrían que haber realizado desde que se detecto esta situación y que pasan por la toma de control de la gestión por parte del Ministerio de Hacienda y finalizan con la «disolución de los órganos de la corporación  por gestión gravemente dañosa para los intereses generales«. En propio funcionario señala en letras mayúsculas estos últimos términos, aunque advierte que «no tiene constancia» de que se haya realizado hasta la fecha «actuación alguna».

«El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tendría que haber actuado a la mínima sospecha de incumplimiento y realizar una advertencia al Ejecutivo local que todavía no ha llegado. Desde la oposición, el Partido Democrático Popular (PDAP) y PSOE han denunciado esta situación a lo largo de 2013 y 2014 ante el Ministerio de Hacienda. Aseguran que la inactividad ministerial ha «agravado la situación».

Pero no sólo han acudido a Montoro con sus denuncias… PSOE y PDAP  han presentado desde 2011 escritos ante el Tribunal de Cuentas, aportando documentación oficial del Ayuntamiento; y ante la Comunidad de Madrid desde 2013, que hasta ahora ha mirado para otro lado.