Llega a la Audiencia Nacional un contrato de la Agencia de Informática a PwC por 6 millones de euros

Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la CAM.

Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la CAM.


Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la CAM.

Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la CAM.

MADRID. Un contrato Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) con  PriceWaterhouseCoopers (PwC) de 6 millones de euros terminará en los tribunales después de que UPyD haya decido poner en conocimiento de la Audiencia Nacional una serie de irregularidades que rodean esta adjudicación firmada por José Martínez Nicolás, el máximo responsable de esta agencia que fue detenido en la operación Púnica.

Un nuevo escándalo que rodea este órgano dependiente de la consejería de Presidencia que dirige Salvador Victoria y cuyo máximo responsable, Martínez Nicolas, está siendo investigado ya en el marco de la operación Púnica por otras adjudicaciones realizadas a multinacional Indra.

Desde UPyD aseguran que tras alguno de los contratos en la Comunidad de Madrid y PwC  se esconde “la contratación de familiares de altos cargos de la Comunidad de Madrid”, algo que justificaría en parte el elevado precio por el que fueron adjudicados algunos servicios que se podrían haber realizado sin necesidad de externalizar. En contrato en discordia tiene por objeto la  “externalización de los sistemas de información corporativos”, es decir, los referentes a los “recursos humanos, económico-financiero, compras, logística y contratación pública” de la administración autonómica. Fue adjudicado en octubre de 2010 a PwC por un importe total de 5.950.115,78 euros.

Las sospechas de esta formación sobre la contratación realizada por el departamento supervisado por Salvador Victoria vienen de lejos. UPyD solicitó en diversas ocasiones información sobre todos los contratos de ICM,  una agencia que, según el portavoz adjunto del partido, Ramón Marcos “ha externalizado muchas cosas que podía haber realizado por sí misma”. Pero sus solicitudes cayeron en saco roto. El Gobierno de Ignacio González contestaba “que no disponía de esa información”.

Los populares parecen ahora sin embargo dispuestos a “colaborar con la justicia” después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado varios contratos que afecta a la agencia de Informática y varias consejerías de la Comunidad de Madrid.

Contratos para los amigos

Entre las adjudicaciones firmadas por Martínez Nicolas se encuentra un contrato firmado con Indra para la recopilación, recuento y difusión de los datos electorales de 2011 por 2,8 millones de euros  y que se su departamento había vuelto a licitar para los comicios de mayo por 4,4 millones -1,5 más que hace cuatro años-. Un servicio que suele contratar el Ministerio del Interior, también a través de Indra, pero por un importe de 13 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas y municipios.

Pero Martínez Nicolas también adjudicó contratos a viejos conocidos del PP de Madrid. En concreto a una sociedad controlada por Ildefonso de Miguel, ex gerente del Canal de Isabel II y una de las personas de máxima confianza del presidente Ignacio González. Un contrato que según fuentes no oficiales de la Comunidad de Madrid sería el aperitivo de un gran menú de relaciones entre el Gobierno regional y los negocios privados de De Miguel.

El escándalo de la operación Púnica ha colocado en el disparadero a los máximos responsables del partido en Madrid. Fuentes del PP aseguran que Rajoy no tiene manos para atender a las llamadas de dirigentes de toda España que piden las cabezas de González y Aguirre. Incluso le recomiendan que “una gestora” se haga cargo mientras el líder nacional no designe a los sustitutos. Una decisión que dejaría a ambos lejos de la lucha por encabezar las candidaturas a la Comunidad y a la alcaldía de la capital.