La maniobras a escondidas de González en el Canal desatan la guerra del agua

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gonzález_canal_privatizaciónCOMUNIDAD DE MADRID. La batalla contra la privatización del agua vuelve a florecer ante el último intento del presidente Ignacio González de dejar el Canal de Isabel II en manos de inversores privados. Unas maniobras con las que, de espalda a la Asamblea, el presidente regional pretende emitir deuda por un valor de 600 millones de euros, que contempla un nuevo reparto de dividendos y que prevé que los administradores, elegidos por el PP, empiecen a cobrar.

Será el próximo 3 de diciembre, cuando Canal Gestión S.A -propiedad de la Comunidad de Madrid y de 111 ayuntamientos- apruebe en su Junta de Accionistas la emisión de bonos en el mercado de la deuda por valor de 600 millones de euros. Lo hacen para “invertir en unas infraestructuras que nadie ha concretado ni justificado”, explican desde CCOO.

Las críticas de la oposición a “la nula transparencia” con la que actúa el Canal de Isabel II tampoco han tardado en florecer. Para UPyD, el Gobierno regional ha ocultado a los ciudadanos “los motivos a que obedece la emisión de bonos, sus condiciones y otros extremos que permitan valorar si se trata de una operación ventajosa para el interés general que debe perseguir”.

La formación magenta ha pedido la comparecencia en la Asamblea de Salvador Victoria, presidente del Canal y mano derecha de González en el Gobierno de Madrid. “Queremos que ofrezca una mínima luz acerca de la futura emisión de bonos, de la que nada se conoce, a pesar de las importantes consecuencias que pueden tener. No entendemos la política del Gobierno con respecto de la gestión de un servicio público de tan capital importancia como lo es el agua, con –aparentemente- unos buenos resultados económicos y una constante subida de precios a abonar por los madrileños”, denuncia Elvira García Piñeiro, portavoz de UPyD en la Comisión de Presidencia y Justicia.

El orden del día de la Junta contempla además el reparto de nuevos dividendos entre los accionistas y la modificación de los estatutos sociales para poder remunerar a los miembros del Consejo de Administración en los que no concurra causa de incompatibilidad. “Se profundiza, así, en el expolio del Canal y en la estrategia de privatización que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la entidad”, explican desde CCOO, que aseguran que estas medidas , que allanan el terreno para una futura privatización benefician a “las multinacionales del sector y a los fondos buitre“.

Desde este sindicato consideran que “se pretende repartir otra porción del pastel entre los amiguetes del Ignacio González y Salvador Victoria, puestos a dedo en el Consejo de Administración”, dejando Canal Gestión SA con una deuda peligrosa y en una situación insostenible al disminuir drásticamente los gastos de personal y las partidas destinadas a inversiones, mantenimiento y explotación.

Desde que en 2011 se creara la Sociedad Anónima Canal Gestión, el Partido Popular ha conseguido que la deuda de la empresa ascienda a 1.168 millones de euros, gracias a movimientos como la compra de Inalsa, con una deuda acumulada de 100 millones de euros. A pesar de que los beneficios en este mismo periodo han ascendido a un 43%, no se han realizado inversiones en infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5% y los beneficios generados han sido repartidos entre los accionistas casi en su totalidad.

Cuando en 2008 comenzó el proceso de privatización, el Canal de Isabel II se transformó en una Sociedad Anónima en sólo una semana. Personas afines a González, cómo  Salvador Victoria, José Manuel Serra Peris -imputado como consejero de Bankia-, José de Cevallos Aguarón, Antonio de Guindos, -imputado por el caso Madrid Arena- o David Pérez entraron a formar parte del Consejo de Administración. “La representación sindical era expulsada del consejo de dirección” y “el Partido Popular presionaba a alcaldes para firmar los convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión”, añaden desde CCOO.

Los sindicatos advierten que “cuando el Partido Popular vio frustrada su intención de privatizar el Canal de Isabel II en 2011, anunció que lo retomaría antes de que acabara la legislatura. Ese momento está llegando y la emisión de bonos parece indicar que pretende hacerlo efectivo antes de las elecciones autonómicas y municipales con la misma opacidad que ha rodeado este nuevo expolio de lo público en beneficio de unos pocos”.

Como consecuencia de estas últimas maniobras, que se producen a sólo unos meses de las elecciones autonómicas,  la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II volverá a la Puerta del Sol para evitar la “la mercantilización de un derecho humano como es el agua”. La cita es el domingo 30 de noviembre a partir de  las 12.00.