Los empresarios de gasolineras exigen al Gobierno regional que controle las ‘desatendidas’

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desatendidasMADRID. Las llamadas gasolineras desatendidas o low cost tienen un nuevo problema. Ahora son los propios empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid, a través de su asiación, AEESCAM, quienes exigen que este tipo de negocios cuenten, «al menos con un empleado» para garantizar las medidas de seguridad y la normativa de los consumidores.

Así se lo han exigido en una carta enviada a la consejería Economía de la Comunidad de Madrid, en la que los empresarios plantean los problemas que puede acarrear las gasolineras low cost de la región y piden «una medida correctora» en la tramitación de la Ley de Acompañamiento a la de Presupuestos para el año 2015, «para que se exija la presencia en todo caso de un empleado en todas las estaciones de servicio y unidades de suministro».

No piden nada excepcional. «La legislación de varias Comunidades Autónomas, como Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha han aprobado disposiciones normativas que exigen la presencia de al menos un empleado que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad y la normativa de consumidores y otras muchas se unirán a esta imperiosa necesidad en un corto plazo de tiempo», explican desde AEESCAM.

Y plantan todo un abanico de razones que argumentan su petición. La proliferación de puntos de venta de combustibles con surtidores desatendidos «está distorsionando la competencia en el sector en la Comunidad de Madrid y el supuesto ahorro de costes laborales supone, además, una bajada de la recaudación fiscal y de los recursos de la Seguridad Social». Como consecuencia este tipo de estaciones de servicio puede contribuir a un elevado desempleo en el sector.  «Hemos aguantado el coste de producción y miles de empleos pero esta tendencia puede obligar a una reconversión que suponga miles de despidos», advierten.

¿Y que pasa con los consumidores? «No se respetan las garantías básicas», explica la AEESCAM en su misiva, como las hojas de reclamaciones, la comprobación del surtidor, o el peligro que suponen las imprudencias o actos vandálicos y seguridad en el momento del repostaje. Además, «las personas con discapacidad ven incumplidas las medidas exigidas de accesibilidad».

«Las gasolineras desatendidas vulneran los principios de competencia en el mercado bajo la única óptica de la optimización de los beneficios a costa del empleo, la seguridad y los derechos de los consumidores», resumen los empresarios.