Cuando ENDESA te enfría la Nochevieja
Ricardo Ruiz de la Sena, abogado.
El caso lo tuiteó el día 30 Federico Quevedo (@FedericoQuevedo), ha ido circulando con la etiqueta #BoicotEndesa y es de esos que sublevan al jurista, indignan al ciudadano y escandalizan a cualquiera que entienda qué significa tener derecho a algo.
Preguntando por uno y otro lado –ya saben, gente que conoce a gente a través de Twiter- me he enterado de algunos detalles. Imagínense la escena. Víspera de Nochevieja y una familia con niños –uno de ellos enfermo- que está en casa preparándose para celebrarlo. En esas llega un operario, hola, buenas, vengo a llevarme el contador del gas. Al desconcierto debió de sucederle la impotencia. Llamadas telefónicas, mensajes; en fin: lo que hace cualquiera que ya se ve con el frío y sin gas para calentarse, ni agua caliente ni forma de solucionarlo. Mientras escribo esta columna, llevan así unas 24 horas.
Tras varias gestiones, han logrado averiguar, ya entrada la noche del 30, que hace dos años el banco devolvió cuatro recibos de ENDESA por un importe total inferior a 600 €. ¿Les parece mucho? Recuerden el coste de la energía en España, una de las más caras de Europa. La compañía, desde entonces, ha seguido cobrando con normalidad por el suministro hasta ahora. Después de todo ese tiempo sin requerir el pago de esos recibos devueltos, ni volverlos a girar ni hacer comunicación alguna, ENDESA descubrió la víspera de Nochevieja que debía resolver ese desafuero así que envió a un operario a retirar el contador.
¿Creen que esto es todo? No. El atropello no terminó aquí.
El día 31 estos señores se enteraron de que ENDESA les había resuelto el contrato y, al parecer, había dado de baja el suministro. Hasta donde sé, la compañía no ha discutido su versión de los hechos ni les ha dado una alternativa. La familia lo está pasando mal. Sí, ustedes dirán que hay radiadores eléctricos –que no calientan el agua de la ducha, por cierto- hoteles y amigos a cuyas casas uno puede ir. Por supuesto, si lo tomamos así, siempre pueden encender una hoguera.
Sin embargo, yo creo que el problema es más profundo que la búsqueda de soluciones de urgencia.
En España, estamos acostumbrados a que las compañías de gran consumo –energía, telefonía, bancos- atropellen los derechos de los ciudadanos con impunidad. Sí, hay regímenes administrativos sancionadores pero, en general, no disuaden de cometer esas injusticias cotidianas que todos conocemos; por ejemplo, la comisión bancaria mal cobrada, la facturación telefónica desorbitada, la suspensión o cancelación del servicio intempestiva. Las víctimas suelen ser gente mayor, familias y, por lo general, consumidores que no podrán o no sabrán defenderse. A menudo, pagan –si pueden- solo por no perder tiempo y energías en discutir con una voz a través del teléfono o una aplicación de internet.
Por supuesto, estos señores tal vez demandarán a ENDESA por vía civil sin perjuicio de otras acciones que puedan ejercer. Yo no voy a desvelar aquí los argumentos que se vayan a esgrimir en los procesos que pueda haber pero no hace falta ser Alonso Martínez para imaginarse por dónde pueden ir los tiros. De todas maneras, es necesario evitar estos abusos. Por cosas así, en los Estados Unidos se imponen condenas millonarias que tienen un sentido ejemplarizante. Se llaman “daños punitivos” y sirven, por ejemplo, para que las compañías de gran consumo se lo piensen dos veces antes de abusar de un ciudadano.
Sin embargo, este debate no es jurídico sino político y, sobre todo, ético.
Muchas de estas grandes empresas fueron públicas –ENDESA nació en 1944 como empresa estatal- y se levantaron gracias a los esfuerzos de todos. Prestan servicios esenciales como los suministros energéticos o las telecomunicaciones. Tal vez, alguno piense que el teléfono o internet hoy no son tan importantes Déjenme que lo discutamos otro día. Coincidirán conmigo en que, desde el momento en que uno necesita conectarse para pedir una cita médica, inscribirse en una bolsa de vivienda o darse de alta en Infojobs, estar conectado es, desde luego, importantísimo.
Sin embargo, estas empresas traicionan a los ciudadanos todos los días y las sanciones administrativas son poco disuasorias y, aún menos, operativas. En España, hoy, hay personas a las que se les cancela el suministro de gas por un impago de hace dos años desconocido por ellas y otras que no pueden pagar el suministro eléctrico o el del gas y viven condenadas a la oscuridad de noche y al frío en invierno.
Es inadmisible que en nuestra sociedad exista el drama de la pobreza energética o que padezcamos esta impotencia ante los abusos y las desigualdades. Perdonen que me indigne. Sé que hablamos a menudo de que estos debates no deben hacerse en caliente, pero este debate se hace en frío, en el frío que sufre esta familia por un problema con unos recibos que les ha llevado a pasar esta Nochevieja ateridos. Sí, este debate se hace con demasiado frío: el de los jubilados con pensiones miserables, el de los parados y el de los que no cobran nada de nada porque se han quedado colgados de la brocha. No pueden consentirse estos excesos a unas compañías que no nacieron de la nada sino del esfuerzo de todos. Los ciudadanos merecemos algo mejor.
De cosas como estas deberían hablar los políticos en 2015: de cómo resolver estas injusticias y estos excesos que padecemos cada día mientras pagamos uno de los costes energéticos más caros de Europa. No puede ser que un ciudadano esté inerme ante una compañía que decide resolverle el contrato de suministro por una deuda mínima de hace años, que no le reclamaron y que desconocía por completo. Es inaceptable, es inmoral, que alguien que no puede pagar porque es pobre o está en paro carezca del suministro energético necesario para sus necesidades básicas. El concepto jurídico de “consumidor vulnerable” es insuficiente para abarcar la realidad de la pobreza energética que se da hoy en España. Aunque existe un “bono social” para la electricidad, no hay uno similar para el gas. Las soluciones como la Tarifa de Último Recurso (TUR), el bono social y el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor son insuficientes. Mientras tanto, los ciudadanos vamos a tener que pagar 182 € cada uno para indemnizar a ACS por el fracaso del gaseoducto Castor. La prohibición de interrumpir unilateralmente la prestación del servicio durante los meses más fríos –que ya existe en otros países de la Unión Europea como Francia, Holanda o Gran Bretaña- impediría abusos como el que ha sufrido esta familia por un impago de hace dos años. No se trata solo de que baje el precio –se calcula un descenso del mismo del 3,5% en la TUR en el primer trimestre del año, que tampoco es para echar cohetes a la vista del precio- sino de que se eviten los atropellos en la gestión del servicio y el trato al cliente.
Mientras termino estas líneas, acaricio el sueño de vivir en un país donde un hogar pobre tenga lo mínimo que todos necesitamos y donde unos padres no se queden sin suministro de gas por un impago de hace años. Imagino cómo sería si un día, en España, a alguien se le cayese el pelo por lo que ENDESA le hizo a una familia en una Nochevieja como ésta y que, en esa dignidad y ese derecho atropellados, todos nos sintiésemos reflejados.
Feliz 2015.
@RRdelaSerna [social_icon url=»https://twitter.com/RRdelaSerna» profile_type=»twitter» window=»yes»][social_icon url=»http://es.linkedin.com/in/ruizdelaserna» float=»left» profile_type=»linkedin» window=»yes»]