Ultimatum de los empresarios a Leganés: o aprueban Legatec o se van con sus fábricas a otra parte

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LEGANÉS. La primera amenaza llegó de manos del Grupo Fuertes. Los propietarios de la marca El Pozo lo tienen claro, o el Ayuntamiento de Leganés da luz verde a Legatec este mes o se llevan su fábrica a otro lado. Y con ella 600 empleos. Pero los murcianos no han sido los únicos en estallar. Un centenar de empresarios con intereses en el parque empresarial y que llevan  quince años esperando su aprobación han amenazado con pedir responsabilidades patrimoniales a los concejales de la oposición que bloquean de manera sistemática sus intereses.

Así lo ha puesto de manifiesto el abogado Francisco Alcaina, que representa a más de un centenar de empresarios y profesionales, en una carta dirigida al presidente de la Unión Empresarial de Leganés (UNELE) Augusto Fuentes. Le pide medie con los concejales de la oposición (PSOE, ULEG e IU) para que dejen de «boicotear sin razones objetivas» la puesta en marcha de Legatec.

En su dura misiva, el abogado que sus clientes llevan esperando desde 1999, cuando adquirieron los terrenos, para la instalación de sus empresas en el Parque Tecnológico Industrial de Leganés. «Si bien el planeamiento general obedece a razones de índole política y de planificación, la tramitación de los planes parciales, proyectos de urbanización y parcelación son actividades regladas sometidas a derecho y no a la oportunidad o conveniencia de quienes detentan el poder», resalta Alcaina.

El abogado considera que la «mayoría vulnerable» del equipo de Gobierno -el PP no tiene la mayoría- no es suficiente para la tramitación administrativa de Legatec, porque la oposición, formada por el PSOE, ULEG e IU, «de forma sistemática mediante la votación en contra, boicotea» que el parque salga adelante por la «insana intención electoralista de desgastar al Gobierno».

Alcaina transmite que esta actitud de los grupos de oposición revela «abuso, arbitrariedad, negligencia u omisión de deberes de los cargos públicos que detentan y que «obedecen a intereses partidistas, cuando no personales».

El representante de estos afectados pide al presidente de UNELE que transmita a la oposición estos criterios y que inste a las autoridades administrativas competentes «el ejercicio de sus postetades sancionadoras, «incluida la responsabilidad personal y patrimonial de los concejales que pudieran resultar responsables».