Despedido por no colaborar en la trama urbanística de Navalcarnero

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Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero, y Esperanza Aguirre.

NAVALCARNERO. Un ingeniero del Ayuntamiento de Navalcarnero fue despedido tras negarse a firmar certificaciones de obra para los pagos a Constructora Hispánica, concesionaria del polideportivo de la Estación, una infraestructura pagada por el Ayuntamiento que dirige Baltasar Santos (PP) casi en su totalidad pero cuyas obras fueron paralizadas y abandonadas cuando todavía no estaban construidas.

Así lo aseguró Juan Antonio Martín las dos veces que acudió a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero, primero como testigo y después como imputado. La instrucción, que continúa abierta, intenta esclarecer el destino de más de 10,5 millones de euros de dinero público pagados por el Ayuntamiento para unas infraestructuras que tendrían que estar funcionando desde 2008. En su lugar, según la denuncia interpuesta por la oposición (PSOE y PDAP) y que han dado origen a este procedimiento, sólo está en pie un esqueleto de estas instalaciones que representa el 15% por ciento del proyecto inicial. La obra, adjudicada en 2006, tendría que haber terminado en 2008. Tras varias modificaciones en el proyecto fue abandonada a su suerte hace casi seis años, a pesar del dinero invertido por el consistorio.

El ingeniero asegura que, tras 18 años trabajando en el Ayuntamiento de Navalcarnero, fue despedido cuando se negó a firmar una certificación –la número 29-. «No se correspondía los trabajos realizados», esgrime en su declaración a la que ha tenido acceso politicalocal.es. De ahí la pérdida de confianza con sus jefes, los políticos, y su salida como trabajador interino del consistorio.

Rebatiendo su versión está la de la concejala de Urbanismo, María Paz Fraile, y la del propio alcalde. Ambos -visiblemente nerviosos durante su declaración- sostienen que el despido del ingeniero formó parte de una reestructuración motivada por un plan de ajuste en el consistorio. Argumentan que con la crisis económica bajó la construcción y bajaron los ingresos, lo que les obligó a adecuar la plantilla. Eso sí, ambos políticos no dudan en cargar el muerto del polideportivo al antiguo ingeniero. Explican que tras su despido observaron irregularidades y abrieron un expediente administrativo. Lo hacían toro pasado, sin denunciarle y sin presentar sus conclusiones…

Es más. Ni el ingeniero ni el Ayuntamiento llegaron a juicio. El equipo de Gobierno reconoció la improcedencia del despidoy le abonó en tres pagos una indemnización de más de 120.000 euros. Martín cree -y así lo explica ante la jueza- que esta no es la única razón de la ojeriza que le cogieron. El malestar del equipo de Gobierno se debe también a que el ingeniero es testigo en otro procedimiento penal abierto contra el alcalde y varios miembros de su Gobierno. Es el llamado caso de las cuevas, en el que se dirimen responsabilidades por la ejecución de unas obras en el subsuelo del municipio de las que no se conoce proyecto técnico, partida presupuestaria ni procedimiento concursal para su ejecución. Una querella en la que acusan al Gobierno de Baltasar Santos de haber desviado dinero de otras partidas para sacar adelante este proyecto.

La declaración del ingeniero sitúa a Baltasar Santos en lo más alto de la pirámide de las responsabilidades. Asegura que las negociaciones para la construcción del ‘polideportivo fantasma’ «las llevaba el alcalde con el dueño de Constructoria Hispánica». Se refiere a Alfonso García Pozuelo, un empresario relacionado con la trama Gürtel y que según la contabilidad secreta de la trama intervenida por la Policía Nacional habría pagado 4,1 millones de euros a su cabecilla Francisco Correa. Explica además que Santos conocía al detalle la situación de la obra, que visitaba con regularidad.

Por el contrario el alcalde explicó a la jueza que eso excede a sus funciones. «Me pase un par de veces por allí», aseguró Santos. «Tengo más de 1.000 asuntos diarios que atender».  Y no es el único de su Gobierno que se desentiende. La concejala de urbanismo tampoco era consciente de que el Polideportivo no avanzaba a pesar de las cuantiosas facturas que se habían pagado. «La obra no está parada, señoría», aseguraba María Paz Fraile.

El ingeniero mete en juego a otro protagonista. Se trata de Víctor Soto, ex tesorero y actual interventor del Ayuntamiento de Navalcarnero. «Era la mano derecha del alcalde, y socio del regidor en empresas, el que negociaba con todas las constructoras. El pliego de esta concesión lo hizo el», esgrime Martín. Y hay detalles que son fácilmente comprobables. Víctor Soto y Baltasar Santos han coincidido en el consejo de administración de Aridos de Calidad, una empresa con domicilio social en Algueña, Alicante,  dedicada a la venta de mármol, áridos y hormigón.