Los escandalosos sobrecostes que dejaron sin blanca a Navalcarnero

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baltasar_esperanza (1)NAVALCARNERO. El Ayuntamiento de Navalcarnero, gobernado por el PP desde 1995, aprobó modificados sistemáticos en las obras por encima de los márgenes admitidos por la legislación, según un estudio elaborado desde la oposición que describe los importes iniciales y finales pagados por el Gobierno municipal. Se trata de adjudicaciones de obras por las que el consistorio gobernado por Baltasar Santos ha terminado pagando en numerosos casos hasta cinco veces el precio acordado en la adjudicación. Gran parte de estas obras se la repartieron media docenas de constructoras de cabecera del Gobierno del Partido Popular y que hoy en día siguen haciendo trabajos en el municipio.

Hablamos de los ya tristemente famosos sobrecostes, una de las presuntas irregularidades investigadas en la construcción del tranvía de Parla y que han precipitado la decisión del PSOE de suspender a Tomás Gómez. El estudio fue elaborado por el PDAP, uno de los partidos con representación en el Pleno del municipio -tiene un concejal pero aspira a ser clave en el próximo Gobierno municipal-, y dibuja un mapa que describe al dedillo la política de contrataciones que ha seguido el Ayuntamiento de Navalcarnero en los últimos años. «No están todas las que son. Nos hemos quedado cortos», explica Juan Santos, representante de esta formación. Aun así, los datos que ofrecen son escalofriantes.

Pero para conocer el alcance de este estudio -advierte Juan Santos, insiste en que se use nombre de pila, no quiere la más mínima confusión con el actual regidor- es necesario poner en contexto la situación financiera de Navalcarnero. Se trata del municipio con más deuda per cápita de la Comunidad de Madrid. Una deuda reconocida por la Intervención Municipal en más de 207 millones de euros en una localidad de poco más que 26.000 habitantes acreditan su puesto en el ranking. Pero también es uno de los que tiene mayor presión fiscal en el sur de región y de los que mantiene un gasto público más alto por habitante y año (1.155,47€) en relación a los servicios prestados.

El informe elaborado por esta formación, y al que ha tenido acceso politicalocal.es describe modificaciones de obra que exceden en algunos casos hasta mas del 500% del valor de su adjudicación. «La ley establece que los modificados no pueden pasar del 10% sin salir nuevamente a concurso, para no vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación», añade Juan Santos.

Para entender el alcance de estos modificados basta con mirar algunas de las obras. La restauración de la Ermita Veracruz fue adjudicada a la constructora Velasco SA por 254.813,58 euros. Tras dos modificados en el proyecto, el Ayuntamiento terminó pagando 910.836,20€ (un 257,45% más). La misma empresa fue contratada para la remodelación de las calles y las zonas verdes del barrio El Olivar. En esa ocasión hubo tres modificados, que incrementaron el precio final de 5,5 millones de euros hasta los 8,9 (62,19%).

Otro de los casos es el del conocido polideportivo del barrio de la Estación. La obra nunca se llegó a finalizar y el alcalde y dos concejalas están en el banquillo por haber pagado ya la casi totalidad del dinero acordado a la concesionaria. Pero el proyecto técnico de esta infraestructura fue adjudicado mediante un procedimiento abierto al estudio Oriol Arquitectura por 146.160 euros.  El consistorio elevó económicamente la redacción del proyecto a cerca de 900.000 euros (un 514% de su valor inicial) después un sólo modificado, si bien terminó abonando finalmente a Oriol 578.587,14 € en base a un error de exceso de estimación del montante total de la obra.

El informe incluye cerca de 50 proyectos y obras que recayeron principalmente en constructoras como Consvial, J. Quijano, Grupo Velasco, Edisán y Grupo Civil, y que conllevan modificados que aumentan el precio en muchos casos por encima del 200%.

Pero el estudio detallado de los procedimientos de contratación elaborado por el PDAP no sólo se centra en los sobrecostes. Incide en otras adjudicaciones «efectuadas directamente por el alcalde a dedo, prescindiendo de todos los requisitos legales en materia de contratación y vulnerando la Ley de contratos de las administraciones públicas», que establece que los suministros y servicios que superen los 18.000 euros y las obras que superen los 50.000 euros deben salir a concurso. «A estas obras el alcalde ha destinado más de 100 millones de euros desde 2006 hasta 2013… y continúa», explica el documento.

Se trata, entre otros muchos proyectos, de la de rehabilitación de los caminos rurales (4 millones de euros), el convenio con la Diócesis de Getafe (2,6 millones), la rehabilitación del casco histórico (9,2 millones de euros)…  sobre los que no existen controles fiscalizadores por parte de la Intervención municipal ni previos ni posteriores antes de 2011, cuando PDAP y PSOE comenzaron a denunciar la situación ante el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Además, según el informe, muchas de estas adjudicaciones “a dedo” han sido certificadas en falso, desviando esas partidas presupuestarias a las clandestinas excavaciones realizadas bajo la plaza de Segovia desde el año 2004, como declaró el Exingeniero Juan Antonio Martín en sede judicial por el llamado ‘caso de Las Cuevas del Concejo’.