La Intervención del Estado a la juez: el alcalde de Navalcarnero estaba al tanto de las irregularidades

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La perito asegura que el alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, no podía alegar desconocimiento de los fraccionamientos y otras irregularidades porque había sido avisado en numerosas ocasiones.

 

NAVALCARNERO. El alcalde de NavalcarneroBaltasar Santos (PP),  pudo incurrir en «fraude de ley» y una presunta «responsabilidad contable» durante su gestión, según un informe de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) que ya obra en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad, que investiga la querella interpuesta por el PSOE contra el regidor, su equipo de Gobierno, la ex interventora Teresa de Jesús Hermida Martín, y el ingeniero del Ayuntamiento Alfonso Martínez Almeida por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El informe, de 304 folios al que ha tenido acceso politicalocal.es, fue solicitado por la magistrada a la IGAE. Es la pieza que le faltaba al Juzgado para comprobar si son ciertos los hechos que describe el PSOE en su querella. Desde hace una semana está siendo analizado por la juez, que ha dado un plazo a las partes para presentar alegaciones y que el próximo 13 de marzo escuchará a la perito de este organismo público para que se ratifique. El documento, en el que se repite reiteradamente que se ha actuado en «fraude de ley» y «responsabilidad contable», presenta unos resultados demoledores contra el Gobierno de Baltasar Santos y señala a los responsables de una desastrosa gestión del dinero público en el municipio.

La auditora estudia con lupa cuatro de los proyectos llevados a cabos por el Gobierno del Partido Popular: las ya conocidas Cuevas del Concejo, la Rehabilitación del Casco Histórico, la Casa Parroquial incluida en el  Convenio con la Diócesis de Getafe, y la Ermita de Santa Águeda. A pesar de ello, la IGAE amplió el contenido de su investigación a otras obras realizadas que, aunque «en nombre y numeración distaban de los anteriores, los gastos imputados forman parte de esos proyectos».

Como conclusiones generales, la funcionaria asegura que la Alcaldía y la Junta de Gobierno Local abonaron facturas y realizaron contratos incumpliendo la legislación: «Alguna de estas actuaciones se podría considerar realizadas en fraude de ley, como el fraccionamiento de contratos que se observa en todos los proyectos referidos».

Carga también las responsabilidades contra la interventora Teresa de Jesús Hermida-imputada-, cuyo departamento «no ha realizado su labor como órgano responsable del control y de la fiscalización interna de la gestión económica. Su mano, la del alcalde y la de su equipo de Gobierno pudiera dar lugar a «responsabilidad contable» y «especialmente de haberse producido como consecuencia de la conducta enjuiciada un menoscabo de en los fondos públicos».

La IGAE hace referencia a las dificultades encontradas para realizar este peritaje, que achaca al desorden en la contabilidad del Ayuntamiento, que obliga a «acudir como mínimo a dos partidas presupuestarias» para calcular los costes de un proyecto. El documento podría suponer la puntilla a la tantas veces bajo sospecha gestión realizada por Baltasar Santos al frente de Navalcarnero. Daría así la razón, en casi todos los términos, al Grupo Socialista, firmante de la querella, desde donde aseguran han puesto toda la carne en el asador, «dinero y dedicación», para que salga a la luz toda la corrupción que ha llevado a la ruina al que es el municipio más endeudado del país.

Cuevas del Concejo sin proyecto y con sobrecostes

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En 2012, Baltasar Santos presumía de «una gestión impecable» después de que, tras la llegada del PP al Gobierno, el TC paralizase una investigación de la que nunca más se supo.

Las conclusiones de la auditoría del Estado sobre las conocidas Cuevas del Concejo dibujan un Ayuntamiento cuya diligencia, siendo generosos, ha sido como poco dantesca. Se trata del proyecto estrella de Baltasar Santos, cuya apertura al público se ha visto retrasada durante años por las dudas existentes sobre la ejecución de la obra, sin un proyecto técnico que las sustenten y que podría poner en peligro la integridad de los visitantes. A esto se suma las sospechas de que se haya desviado dinero de otros proyectos para llevarlas a cabo y las discrepancias sobre el origen de unas galerías anteriores a las escavadas por el equipo de Gobierno. Sobre este último aspecto otro reciente informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid concluye que todos los túneles son de nueva excavación: 4.500 metros cúbicos de tierra extraída, 3.000 metros lineales de construcción de refuerzo de arcos de ladrillo, sobre una extensión superior a 7.000 metros cuadrados.

Volviendo al informe de la IGAE, la perito asegura que un asesor técnico del Ayuntamiento, que firma como «técnico municipal de Urbanismo» presentó un escrito durante la auditoría sobre la situación actual del proyecto que «incluye unos cálculos y una especie de plano» que la Junta de Gobierno Local aprueba como si de un proyecto de obra se tratase y que no puede considerarse como tal». «Cuesta imaginar cómo se ha desarrollado una obra de tal magnitud solamente con el plano que se incluye en el escrito y con las nulas o escasas precisiones contenidas en el mismo», describe el informe.

Y vuelven los sobrecostes. La desviación en el proyecto de las Cuevas hasta el 31 de diciembre de 2011 fue del 244,43%, ya que de una estimación inicial de 1.053.943,09 euros se reflejan pagos en contabilidad de 3.630.145,95 euros. Pero la auditora sigue sumando. Si se incluye el presupuesto aprobado en Junta de Gobierno para hacer viables las visitas a las cuevas -en periodo pre electoral- el gasto total ascendería a 4.749.516,46 euros, o una desviación de 350,64%.

Entre las muchas irregularidades detectadas, la perito señala para la prestación de determinados servicios y ciertos suministros, «el Ayuntamiento no ha seguido los procedimientos establecidos en la legislación contractual. No hay expedientes de contratación que amparen la facturación que fue abonada y se «evidencia la existencia de un claro fraccionamiento de los contratos» para eludir los requisitos de publicidad en la contratación de las administraciones públicas. Las facturas se tramitan de forma separada «creando la ficción de un contrato menor», detalla la auditora.

Sobre el papel del alcalde, Baltasar Santos, la IGAE le otorga un papel protagonista. «No podría alegar desconocimiento de la situación y sus consecuencias ya que en numerosas ocasiones, antes de la incorporación de Teresa Hermida Martín (la interventora imputada), se había puesto de manifiesto esta situación irregular de fraccionamientos de contratos desde 1998, sin que se hubiesen adoptado las medidas oportunas para subsanar la irregularidad», detalla la firmante del documento.

Baltasar Santos, tocado

Baltasar Santos ha sabido hasta ahora esquivar todas las críticas. A pesar de que se ha sentado en el banquillo como imputado en tres querellas criminales interpuestas por el PSOE y el PDAP y que siguen en curso, el origen político de las mismas ha sido siempre su baza ante la opinión pública para tacharlas de electoralistas. Sin embargo, las actuaciones judiciales que como consecuencia de estas querellas se han realizado en dos juzgados de Navalcarnero y que han dado origen a documentos como el de la IGAE hacen ya que en Génova se planteen renovar el partido en la localidad casi en su totalidad, aun sin conocer a fondo el alcance de las conclusiones de los auditores del Estado.

A ello se suma un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid -controlada políticamente por su propio partido- que pone otra vez sobre la mesa las presuntas irregularidades cometidas por el regidor y por su Gobierno. El organismo fiscalizador tendría que haberlo aprobado en 2014, pero la densidad de su contenido y las dificultades encontradas por el equipo de trabajo han dilatado en el tiempo su publicación.