Navalcarnero: piden explicaciones al alcalde por comprar destructoras de documentos en plena investigación judicial

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NAVALCARNERO. El clima político municipal de Navalcarnero se pone al rojo vivo. A los numerosos escándalos judiciales en torno al alcalde, Baltasar Santos (PP), se suma ahora la sospecha sobre el uso que el regidor y su equipo de Gobierno quieran dar a varias máquinas destructoras de documentos que ha adquirido el Ayuntamiento.

Así lo asegura un escrito firmado por los portavoces de la oposición José Luis Adel (PSOE) y Carlos Navarro (PDAP) el pasado 12 de febrero y que va dirigido a la secretaria general del Ayuntamiento de Navalcarnero. Los ediles explican que han tenido conocimiento de la compra de maquinas destructoras de papel y que están siendo utilizadas por miembros de la Corporación y por funcionarios.

Recuerdan las múltiples denuncias -ante la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo- y los procedimientos penales abiertos contra el alcalde –imputado en tres causas junto a varios miembros de su equipo de Gobierno- por actuaciones llevadas a cabo desde 2002. Por ello, advierten a la secretaria general del Ayuntamiento que ella es «la responsable» de custodiar todos los procedimientos del Ayuntamiento y no solo los que vayan al Pleno.

«Ante el temor de que pudieran destruirse documentos que afecten a las causas abiertas o cualquier otro que obre en los archivos y oficinas municipales», solicitan a la secretaria -funcionaria habilitada por el Estado, que adopte las medidas que considere procedentes para «evitar la destrucción de cualquier documento que se encuentre en las dependencias municipales o en sus archivos».

El escrito presentado por PSOE y PDAP cobra especial importancia estos días, cuando se ha conocido un informe solicitado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Este organismo, dependiente del Ministerio Hacienda, analiza las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno del PP en cuatro millonarios proyectos ejecutados en el municipio: las Cuevas del Concejo, la Rehabilitación del Casco Histórico, la Casa Parroquial del  Convenio con la Diócesis de Getafe, y la Ermita de Santa Águeda.

Según fuentes conocedoras de la causa, el documento, que obra ya en poder de la magistrada, desmontaría las versiones sostenidas por Baltasar Santos en sede judicial, donde ya ha declarado en calidad de imputado y ha descargado responsabilidades en los funcionarios municipales. La perito de la IGAE asegura que su Gobierno actuó en «fraude de ley» y con «responsabilidad contable». Explica además que el regidor no podría alegar «desconocimiento» de las artimañas utilizadas en las adjudicaciones y pagos de estas obras porque hasta 2003, antes de la entrada de una nueva Interventora -también imputada-, el anterior funcionario incluía en sus informes reparos y advertía de fraccionamientos de las facturas para saltarse la legislación en lo referente a los procedimientos de contratación pública.

Además de las calificaciones de «fraude de ley» y «responsabilidad contable», del informe de Hacienda se desprende una gestión chapucera en la contabilidad del Ayuntamiento, en el que para conocer los costes de los proyectos es necesario acudir como mínimo a dos partidas presupuestarias diferentes. A ello se suma que cada uno de los proyectos analizados existen sobrecostes que en algunos casos, como es el de las Cuevas del Concejo, superan el 350%.

Ante el difícil panorama que se le presenta a Baltasar Santos, la oposición ha puesto el ojo en las máquinas de destrucción de documentos. No tolerarán que falte nada y responsabilizan a la actual secretaria de la custodia de toda la documentación municipal. El temor a que se evapore información clave sobre los 20 años de Gobierno de Baltasar Santos está en el aire.