Polideportivo ‘fantasma’ de Navalcarnero: el alcalde carga contra los técnicos y dice que él es una víctima

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NAVALCARNERO. El alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos (PP), aseguraba en febrero de 2014, durante su declaración como imputado en el caso del ‘Polideportivo fantasma‘, que no era «consciente» de que la obra se había paralizado en 2008, a pesar de que el ayuntamiento había pagado ya 10,5 millones de euros a Constructora Hispánica -la práctica totalidad de lo acordado- y de que no se habían levantado más que los cimientos.

Dos querellas, interpuestas en octubre 2013 por el PSOE y PDAP, en la oposición en Navalcarnero, piden responsabilidades al alcalde, a la concejal de Hacienda, María Jesús Neira, y la de Urbanismo, María Paz Fraile, por los 10,5 millones de euros pagados por el Ayuntamiento para la ejecución de este polideportivo que tendría que estar en funcionamiento  desde 2008 en el Barrio de la Estación. A pesar de que el consistorio y la concesionaria, Constructora Hispanica -relacionada con la trama Gürtel–  habían desembolsado casi el 100% del importe del proyecto inicial -posteriormente se aprobó una modificación-, la obra sólo se ha ejecutado en una pequeña parte, según consta en un peritaje encargado por la Junta de Gobierno a la empresa Asserta y que está aportado como prueba.

Baltasar Santos lanzaba balones fuera durante el juicio. Cargaba las responsabilidades contra los técnicos municipales y la dirección facultativa de la obra, que tendrían que haberle avisado «por escrito» de la situación. El regidor niega además lo asegurado otros testigos e imputados, que le situaban puntualmente visitando las obras cada semana. «Eso es totalmente inexacto, pero al cien por cien. Yo en esa obra podré haber pasado al principio una o dos veces y después otra vez por un tema de vandalismo. Y no he vuelto a pasar», explicaba.

«Cada persona, como tal, en los cargos que ocupamos, tenemos las competencias que tenemos», intentaba explicar Baltasar Santos a la magistrada justo antes de que esta le apuntillase: «usted es el alcalde«. El primer edil de Navalcarnero contraatacaba: «yo lo que hago es supervisar una acción municipal que tiene muchísimas situaciones diferentes, de todo tipo. Pensar día y noche en el polideportivo no es mi cometido».

La juez quiere saber por qué el Gobierno local no actuó desde 2008, cuando se paralizaron las obras, hasta la fecha. Pero el alcalde le da la vuelta a la situación, asegura que ellos son los perjudicados. «No nos hemos desentendido nunca, ni nos desentendemos de lo que es la gestión municipal», justifica el regidor. «¿Entonces que ha pasado?»,interrumpe la magistrada. «Pues según lo que está usted indicando puedo estar hasta de acuerdo con usted, y seguramente seremos víctimas también, supuestamente, de algún engaño, de alguna manipulación que se ha hecho por parte de quien tenía que firmar las certificaciones, decir si se había hecho y de los que de verdad están en la obra».

El alcalde desviaba las responsabilidades hacia quienes supervisaban la obra y firmaban las certificaciones -muchas de ellas fueron certificadas en falso, según el informe de Asserta-. Entre ellos un ingeniero municipal que, según declaró -primero como testigo y después como imputado- le echaron del Ayuntamiento cuando se negó a firmar lo que le ponían sobre la mesa. Su despido es parte de la causa. Según la acusación, el tñecnico denunció por mobbing al Ayuntamiento después de que le hubieran incluido en un expediente de ajuste de la plantilla. Nunca llegaron a juicio. El consistorio llegó a un acuerdo con él por el que le pagó más de 120.000 euros de indemnización.

Durante más de cuatro años, el Gobierno local y el alcalde no hacen prácticamente nada para solucionar el problema. Varias versiones han circulado en sede judicial. La de quienes sostienen que la concesionaria ya habría abandonado la obra y la de los que mantienen un discreto ‘aquí no ha pasado nada’.  Entre los últimos el alcalde Baltasar Santos: «Su señoría, es evidente porque no hemos hecho nada, supuéstamente, porque se está estudiando un modificado, es una obra abierta y se está trabajando para llegar a su conclusión».

A medida que avanza la declaración, el alcalde se sitúa en una posición victimista. «Según está indicando -se dirige a la jueza- puedo estar hasta de acuerdo con usted. Y seguramente seremos víctimas, supuéstamente -repite-, de algún engaño».

Le preguntan por qué no está ejecutado «lo que ya está pagado». El regidor lo tiene claro: «Señoría, estaremos de acuerdo que eso no es culpa ni de usted ni mía«. «¿De quién es culpa?», pregunta la jueza. «De quién lo haya hecho y cómo lo haya hecho», replica Santos. «¿Y quien maneja los hilos en el Ayuntamiento?», insiste la jueza.