La Cámara de Cuentas certifica el agujero negro de la gestión del alcalde de Navalcarnero
Baltasar Santos junto a Esperanza Aguirre.
NAVALCARNERO. Un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid concluye que el Ayuntamiento de Navalcarnero, bajo el Gobierno de Baltasar Santos (PP), se ha saltado a la torera los conceptos más básicos de la gestión del dinero público, prorrogando presupuestos para evitar los principios de estabilidad presupuestaria, desviando ilegalmente dinero de subvenciones y con procedimientos de contratación que burlan los principios de publicidad que deben seguir las administraciones públicas, entre otros aspectos en los que el organismo fiscalizador entra en detalle.
En 2012, tal y como se desprende del informe de la Cámara de Cuentas, el Gobierno de Navalcarnero había llevado ya al municipio a un agujero negro económico que durante los siguientes años ha convertido a la localidad en la más endeudada del país.
El informe de fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero del ejercicio de 2012 que, tras varios tira y afloja, la Cámara de Cuentas ha dado luz verde este viernes con meses de retraso -estaba previsto para 2014-, confirma la gravedad de las denuncias de las que desde hace más de un lustro viene alarmando la oposición. El Gobierno del Partido Popular ha manejado la caja del consistorio como si se tratara de la cuenta personal de sus dirigentes, desatendiendo toda la normativa vigente de estabilidad presupuestaria, pago a proveedores, subvenciones y publicidad de las contrataciones, de obligado cumplimiento por las administraciones públicas.
El documento, de 122 folios, resalta en sus conclusiones que el Ayuntamiento, «utilizando la prórroga automática del presupuesto, evita aplicar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, conducta que se viene realizando desde 2009, sin solución de continuidad hasta 2012, y que ha continuado en los ejercicios 2013 y 2014″. Los auditores aseguran que esta práctica «elude la aplicación de los principios» de la Ley reguladora de las haciendas locales.
El resultado de esta forma de actuar del equipo de Gobierno local supone un falseamiento de la realidad económica del Ayuntamiento. «Esto es así desde el momento en que los presupuestos de 2008 que se vienen prorrogando, contemplan una previsión de ingresos, imposible de alcanzar en la situación económica actual, como reflejan los resultados de las liquidaciones del presupuesto de 2012 y anteriores. Se mantienen también los mismos créditos de 2008 para gastos, que permiten la asunción de obligaciones con respaldo crediticio, pero que carecen de la financiación real para hacer frente a los pagos de dichas obligaciones. Situaciones que provocan los remanentes negativos de tesorería constantes, que se vienen produciendo desde 2009 hasta 2012», señala el informe.
La realidad es que esos remanentes negativos se vienen generando –al menos- desde 2007.
Tampoco cuadran los números que el equipo de Gobierno ha enseñado a los auditores sobre el remanente negativo de tesorería del ejercicio de 2012. «Según el propio Ayuntamiento, ese resultado negativo supera los 54 millones de euros y según esta Cámara es superior a los 97 millones de euros. Eso hace también, que el Informe de Intervención, con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2013, llegue a afirmar que no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, ni la regla del gasto, ni el periodo medio de pago a proveedores, ni el objetivo de deuda pública. Una «afirmación que es aplicable en su totalidad a la liquidación de 2012, aun cuando no existen informes específicos de la Intervención sobre el cumplimiento de estabilidad en dicho ejercicio».
Los auditores, que han necesitado refuerzos para fiscalizar las cuentas del que es el Ayuntamiento más endeudado de España, hacen alusión a que en 2012 existen al menos 129 Informes conjuntos de la Intervención y Tesorería, desfavorables, y enfrentados a las «órdenes verbales de la Alcaldía para que se proceda al pago de determinadas obligaciones». Estos informes advierten al Alcalde que esas órdenes de pago no respetan el orden de prelación que establece -entre otra normativa- la ley reguladora de las Haciendas Locales.
En los mencionados informes de Intervención se avisa al Gobierno que antes de realizar estos pagos debe reponerse 1.240.831 euros en la cuenta restringida abierta para el ingreso de los fondos del Plan E, «destinados exclusivamente a las obras de rehabilitación del mercado municipal y de la que no deberían haberse utilizado para otros fines». El desvío de dinero del Plan E forma parte de una denuncia penal contra el Gobierno presentada por la oposición (PSOE y PDAP) y de la que -lejos de estar archivada como presume el alcalde- un juzgado de Navalcarnero ha dado traslado a la Audiencia Provincial de Madrid.
Sobre este aspecto, la Cámara incide que el Ayuntamiento «ha utilizado fondos procedentes de las subvenciones recibidas para fines diferentes a aquéllos para los que la subvención se ha otorgado». Se refiere a las subvenciones recibidas de la Comunidad para financiar los gastos de gestión de la Residencia de la tercera edad y centro de día Virgen de la Concepción y del dinero del Estado para las obras de rehabilitación del Mercado municipal financiadas al 100% por el denominado Plan E, que obliga a no utilizar los fondos ingresados en la cuenta específica abierta para ello en otros fines distintos. Todo lo indicado en el informe equivale al fraude en subvenciones públicas denunciado por PSOE y PDAP.
En estos informes desfavorables de Intervención consta también -así lo señala la Cámara de cuentas- que se han de reservar fondos para el abono de los seguros sociales vencidos y no pagados en el año 2012 al tratarse de gastos prioritarios, algo que tampoco cumplió el equipo de Gobierno de Baltasar Santos.
No hizo públicas las sanciones
El Gobierno de Navalcarnero no tramitó de forma adecuada, al menos durante 2012, las sanciones por deudas tributarias por importe al menos de 228.816 euros, «omitiendo la publicación de las notificaciones de apremio en las que ha resultado fallida la notificación personal, lo que constituye un defecto procedimental que podría haber sido un obstáculo en el cobro de las deudas tributarias». En alegaciones del Ayuntamiento al organismo fiscalizador, el Gobierno local ha manifestado que parte de esos valores se han realizado en 2013 y 2014. Y lo dice «sin que se aporte documentación que lo justifique lo que no es obstáculo, para seguir detectando los vicios procedimentales de la falta de publicación de tales notificaciones fallidas», indica la Cámara de Cuentas.
En cuanto a las deudas con entidades financieras, la situación descrita por la Cámara de Cuentas dibuja una situación escalofriante. «El Ayuntamiento durante el año 2012, y con anterioridad al mismo también, no ha estado haciendo frente al pago de determinados préstamos bancarios (amortización e intereses), lo que supone, además de un incumplimiento contractual, una vulneración, desde septiembre de 2011, del artículo 135.3 de la Constitución y, desde 1 de mayo de 2012, también del artículo 14 de la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que establecen la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto».
Estos incumplimientos de deuda bancaria, provocaron que tres de las entidades financieras con las que el Navalcarnero tiene 8 créditos hayan demandado judicialmente la resolución de los referidos contratos de préstamo habiendo obtenido ya las sentencias favorables a dichas resoluciones en siete de esos contratos cuyos capitales pendientes de amortizar ascienden a 26.961.037 euros. Para los auditores, esta situación origina «un mayor deterioro de la situación financiera del Ayuntamiento».
Por si esta situación no fuera suficiente, el Ayuntamiento de Navalcarnero suscribió dos créditos en 2009 con Cajamadrid y Caja Segovia, de 9 y 2 millones respectivamente, que fueron declarados nulos por el Ministerio de Hacienda. A pesar de ello, el equipo de Gobierno hizo caso omiso y en 2012 los préstamos seguían vivos, con un capital total pendiente de amortizar de 1.782.217 euros.
Sobre los procedimientos de contratación de Navalcarnero, la Cámara de Cuentas advierte que «el estudio de las facturas registradas en contabilidad durante el ejercicio 2012, ha
puesto de manifiesto que el Ayuntamiento ha percibido prestaciones por importes superiores a los contratos menores sin tramitar un expediente administrativo, ni formalizar un contrato, es decir, prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación e incurriendo en la contratación verbal». En otras palabras, el «dedazo» ha sido una de las bases que el Gobierno de Baltasar Santos ha seguido en los procedimientos de contratación, y ello de forma continuada desde el año 1998, como puso de manifiesto otro reciente y escalofriante informe de la IGAE con motivo de una de las querellas interpuestas por el PSOE.
Los auditores de la Cámara concluyen la difícil situación financiera de la entidad local y la necesidad de adoptar medidas rigurosas y realistas para volver a una situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad exigida por el ordenamiento jurídico en vigor.