Interior desactiva un contrato de la Comunidad de Madrid a Indra por sus escandalosos sobrecostes

gonzalez_indra_elecciones

gonzalez_indra_eleccionesCOMUNIDAD DE MADRID. La Comunidad de Madrid ha dado un giro in extremis a sus planes para dar un nuevo contrato millonario a Indra, calificado como innecesario desde varias administraciones, y en un proceso teñido de tintes oscuros. La presión del Ministerio del Interior y los últimos escándalos (Púnica, primas a jueces…) que relacionan a altos cargos del Gobierno regional con la tecnológica han forzado al jefe del ejecutivo autonómico, Ignacio González, a dar un paso atrás.

El Gobierno regional, a través de la agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) planeaba adjudicar un contrato de 4,5 millones de euros para la difusión del escrutinio electoral de 2015 y que supondría que los madrileños pagaran un sobrecoste cercano al millón de euros. Se trata de un servicio que se solapa con otro contrato ya adjudicado por el Ministerio del Interior a Indra y al que al que las comunidades que celebran sus elecciones autonómicas el próximo 24 de mayo se sumaron por medio de un convenio para evitar un mayor gasto de dinero público durante el proceso.

Interior ya había advertido a la Comunidad de Madrid que su negativa de suscribir este convenio ya en las elecciones de 2011 ocasionó unos sobrecostes innecesarios y estimados entonces en casi un millón de euros por la Dirección General de Política Inteior.

Pero la historia se repetía. El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid había optado por quedarse otra vez al margen. Así, en pleno descanso estival, el 29 de julio de 2014, la Consejería de Presidencia, que dirige Salvador Victoria, a través de la agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, anunciaba la convocatoria del contrato de “Servicio de asistencia técnica para la infraestructura necesaria en el desarrollo del proceso electoral y para la informatización del sistema de captura, procesamiento y difusión de los datos correspondientes a las elecciones a la Asamblea de Madrid 2015”, cuyo presupuesto total de licitación ascendía a 4.475.000 euros (casi dos millones más que en 2011).

La adjudicación, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), sería anunciada antes de enero de 2015. La fecha límite para presentar ofertas fue fijada en el 29 de septiembre de 2014 y la apertura de plicas hasta el 14 de octubre. Sin embargo, ICM dejó el contrato en stand by desde entonces hasta el pasado 17 de febrero, cuando el departamento controlado por Victoria comunicó al TED (Tenders Electronic Daily), -el sistema electrónico para publicar las licitaciones de la UE- “el desistimiento del procedimiento iniciado”. La marcha atrás del Gobierno regional no ha sido anunciada, sin embargo, en el BOCM, tal y como se hace habitualmente.

El Gobierno de Ignacio González había dado un giro de 180 grados para evitar las sospechas que ya resonaban sobre el nuevo pelotazo para Indra. Fuentes conocedoras de la política de contratación de ambas administraciones aseguran que el cruce de llamadas y reuniones entre Interior y la Comunidad de Madrid fue frenética en estas últimas semanas. Trataban de evitar un nuevo escándalo que enturbiase más la ya comprometida situación que atraviesa el Partido Popular en la región.

Las relaciones de ICM con Indra bajo sospecha

Desde que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid anunció el contrato de asistencia electoral el pasado 29 de julio hasta su desistimiento el 17 de febrero los escándalos que relacionan al ejecutivo de Ignacio González, y en más en concreto a su número dos, Salvador Victoria, con Indra están siendo objeto de un exhaustivo seguimiento judicial.

El pasado 28 de octubre, Francisco Martínez Nicolas, consejero delegado de ICM, era detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la operación Púnica, por su presunta participación en una trama para generar dinero B a través de facturas falsas y en la que habría colaborado, al menos, un alto cargo de Indra, una de las principales contratistas de la Comunidad de Madrid. Nuevas informaciones dibujan la estrecha colaboración entre la agencia de Informática y la compañía, a la que apuntan como instrumento utilizado por el Gobierno regional para pagar primas a jueces de Madrid por trabajos de asesoramiento en una herramienta informática.

La complicidad publica y privada y la frenética actividad del juez Eloy Velasco en la instrucción del caso Púnica hicieron saltar las alarmas en el Ministerio del Interior el pasado mes de noviembre. “Madrid se había quedado fuera del convenio marco de colaboración con las comunidades autónomas y no había ninguna razón que lo justificara”, explican fuentes no oficiales del departamento de Jorge Fernández Díaz. Las mismas fuentes aseguran que se alertó a la Comunidad de Madrid de las consecuencias que podría acarrear no suscribir el convenio con Interior.

Aguirre dilapidó 900.000 euros en 2010

En 2010, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, y con Francisco Granados -uno de los cabecillas de Púnica- como consejero de Presidencia la Comunidad de Madrid contrató a Indra el servicio de asistencia electoral, desoyendo los consejos de Interior.

Un documento elaborado por el Ministerio del Interior detalla los perjuicios ocasionados por esta decisión. “La Comunidad de Madrid hubo de afrontar un coste de casi 500.000 euros por la no suscripción de este convenio y el Ministerio del Interior de 380.000 euros. La negativa de la Comunidad de Madrid supuso un mayor coste a las administraciones públicas, de casi 900.000 euros”, describe el informe.

“En aras de la racionalización, eficiencia y eficacia del gasto público, el objetivo perseguido con la suscripción de estos diez convenios fue que en lugar de que el Ministerio y las trece comunidades autónomas contratasen catorce redes de comunicación distintas, tras la suscripción del correspondiente Convenio, las Comunidades Autónomas pudieran utilizar el día 22 de mayo la red común contratada por el Ministerio del Interior”, continúa el documento, que hace referencia a que Navarra y La Rioja, también rehusaron entonces sumarse a la iniciativa de compartir gastos. Ninguna de estas dos regiones han titubeado este año en suscribir el convenio ofrecido desde el ministerio.