Navalcarnero: La Cámara de Cuentas detectó facturas por más de 4,4 millones de euros sin contratos que las avalen

Baltasar Santos, alcalde Navalcarnero.

NAVALCARNERO. El informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que fiscaliza el ejercicio de 2012 del Ayuntamiento de Navalcarnero presenta una situación grotesca que caricaturiza una gestión que, bajo la batuta de su alcalde, Baltasar Santos (PP),  ha llevado al municipio a una situación de quiebra económica sin precedentes. Entre los diferentes asuntos sobre la opacidad e irregularidades en los procedimientos que describen los auditores destaca el capítulo dedicado a la contratación. Según detalla el informe, el Gobierno local pagó facturas ese año por más de 4,4 millones de euros  «sin que se haya tramitado un expediente de contratación ni celebrado un contrato» que los justifiquen. Es decir, no sólo no hubo concursos públicos, si no que no se han encontrado contratos que avalen el pago de ese dinero.

Durante su trabajo, los equipos enviados por la Cámara de Cuentas -el organismo fiscalizador de la administración autonómica- detectaron facturas por importe 4.424.374,68 de euros que acreditan la prestación de trabajos y servicios al Ayuntamiento sin que se haya tramitado un expediente de contratación ni celebrado un contrato. Esta forma de actuar del equipo de Gobierno del Partido Popular -en el poder en Navalcarnero desde hace 20 años- va en contra de lo establecido la Ley de Contratos del sector Público, que en sus artículos 28 y 109 prohíbe la contratación verbal.

Los responsables de la fiscalización advierten, además, que, aunque el importe individual de cada factura no supera la cantidad prevista para los contratos menores, «el importe anual de los trabajos y suministros supera dicho importe y están realizados por el mismo contratista de forma simultánea o sucesiva». Entienden así que «el órgano de contratación ha fraccionado las prestaciones para eludir los trámites previstos en la legislación de contratos del sector público para su contratación».

De las facturas detectadas que no están avaladas por ningún tipo de contrato, los auditores desgranan que 1,1 millones de euros fueron a parar a un total de siete empresas «para actuaciones de acondicionamiento y reparación de calles, vías públicas, parques y  jardines y edificios municipales».  Otros 379.433,80 euros los recibió una sociedad a la que se le encargaron los suministros de material para iluminación de vías públicas, parques y jardines y mantenimiento edificios municipales. Este pago, realizado a través de 19 facturas hubiera exigido la preparación de los expedientes de contratación para la celebración de, al menos, tres contratos.

La situación se repite en la limpieza de las instalaciones municipales, polideportivos, y colegios públicos. En este caso, la Cámara de Cuentas ha detectado incluso una empresa que realiza este servicio en los campos de fútbol de la localidad desde 2008 con contratos menores de carácter anual, lo que para los auditores supone un claro caso de fraccionamiento.

Lo mismo sucede con los servicios de recogida de basuras y gestión del punto limpio de Navalcarnero. La Cámara de Cuentas detecta que a pesar de resolver el contrato para el primero de ellos, el Ayuntamiento obligó al contratista a continuar prestando el servicio hasta que se adjudicara de nuevo, resultando adjudicataria la misma compañía. Esta empresa es además la encargada del mantenimiento de parques y jardines, al menos durante 2012, «sin título contractual válido, ya que no se celebró un contrato menor hasta la adjudicación de este nuevo contrato y no era susceptible de prórroga».

Los auditores concluyen que  el estudio de las facturas registradas en contabilidad durante el ejercicio 2012, pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha percibido prestaciones por importes superiores a los contratos menores sin tramitar un expediente administrativo, ni formalizar un contrato, es decir, prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación e incurriendo en la contratación verbal.

Y todo esto es parte de una auditoría que se ciñe a la contratación realizada en 2012 por el equipo de Baltasar Santos. Los dos principales partidos de la oposición, PSOE y PDAP han llevado a los tribunales contratos entre los años 2011 y 2014 de Gobierno del Partido Popular. Esta denuncia continúa activa en la Audiencia Provincia de Madrid. «La Cámara de Cuentas nos da la razón en los tres de los hechos denunciados: fraccionamientos de contratos vulnerando la Ley, fraude en las subvenciones públicas del Plan E y  fraude en las subvenciones de las residencias de ancianos», asegura Juan Santos, del PDAP.

Además, tanto el PSOE como el PDAP estiman que sólo entre 2006 y 2013  las adjudicaciones realizadas «a dedo» por el Alcalde vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público ascienden a más de 75 millones de euros. Aseguran además que estas contrataciones debieran haber sido fiscalizadas por la Intervención Municipal emitiendo los correspondientes reparos, pero esos reparos nunca han existido hasta el año 2013 en que se empezaron a emitir tanto por Intervención como por Secretaría poniendo de manifiesto su ilegalidad.

El informe de la Cámara de Cuentas coincide en muchas de las irregularidades ya detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, en un informe solicitado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero, para esclarecer los hechos redactados en una querella interpuesta por el PSOE de la localidad.

Esta última auditoría se centra en cuatro de los proyectos realizados el Gobierno del Partido Popular: las Cuevas del Concejo, la Rehabilitación del Casco Histórico, la Casa Parroquial -incluida en el  Convenio con la Diócesis de Getafe-, y la Ermita de Santa Águeda.

La IGAE asegura que la Alcaldía y la Junta de Gobierno Local abonaron facturas y realizaron contratos incumpliendo la legislación, con «actuaciones que se podría considerar realizadas en fraude de ley, como el fraccionamiento de contratos» que han encontrado en todos estos los proyectos.

Piden la dimisión del alcalde y la intervención del Ayuntamiento

Los informes de la IGAE y la Cámara no han cogido por sorpresa a la oposición. «Llevamos años denunciando estas y otras irregularidades ante el Ministerio de Hacienda, ante el Tribunal de Cuentas y ante los jugados», explica José Luis Adell, portavoz del PSOE en la localidad. Adel considera que ni el equipo de Gobierno ni el regidor están capacitados para manejar caudales públicos. «En el caso del Alcalde la situación no puede durar ni un minuto más, porque cada minuto que pasa a Navalcarnero le están hundiendo más, porque se profundiza en el espolio y en el saqueo de las arcas públicas», denuncia el socialista.

Desde el PSOE piden la dimisión inmediata del alcalde y la intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda. «Queremos además que  se audite desde el año 2001, porque hablamos de cientos de millones de euros saqueados», explican los socialistas.