Getafe investigaba la ideología de los empresarios que optaban a concursos públicos

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Juan Soler e Ignacio González.

GETAFE. El gobierno de Getafe (PP) investigaba aspectos de la vida personal, ideología y relaciones personales de empresarios que querían optar a concursos públicos en el municipio, según una denuncia presentada este martes ante la Fiscalía por las portavoces de los tres partidos de la oposición (PSOE, UPyD e IU).

Según los denunciantes, los hechos se producen a raíz de la contratación por parte del Gobierno de Juan Soler de la empresa Hard News, cuyo objetivo era el de asesorar en la contratación del Ayuntamiento de Getafe. La misma denuncia recoge presuntas «irregularidades e interrogantes» en el proceso de entrada de esta compañía.

Algunos de ellos son la «asunción de funciones reservadas a funcionarios por parte de una empresa privad»; la selección de una empresa que tiene como objeto social la realización de servicios de limpieza; y la existencia de trabajos con fecha anterior a la formalización del contrato».

Desde la oposición presumen además que se ha podido dar un caso de «fraccionamiento de contratos», ya que el Ayuntamiento realizó con Hard News «dos contratos menores y un reconocimiento extrajudicial de crédito para la realización de un servicio continuado desde agosto de 2011 a mayo de 2013». Aseguran además que su representante pudo tener acceso a «información privilegiada, que pudo utilizar en su beneficio o el de conocidos».

El escrito presentado por Sara Hernández (PSOE), María Luisa Gollerizo (IU) y Esperanza Fernández (UPyD) ante la Fiscalía de Getafe asegura que existen informes sobre empresas e información personal sobre los administradores de dichas empresas y las personas vinculadas a ellos, con contenido personal, relaciones de parentesco, relaciones de amistad, o incluso su orientación política, que se han utilizado para “poder tomar la decisión de invitarlas o no en la tramitación de los expedientes de contratación a través de procedimientos negociados”.

Estos informes personales eran tenidos en cuenta a la hora de invitar o no a una empresa en los procedimientos negociados, según los denunciantes. «Se entiende que se ha podido discriminar a diversas empresas de su participación en procesos de contratación pública por hechos como la orientación política de su administrador, lo que vulnera sus derechos fundamentales», añaden.

La oposición ha denunciado también  la utilización política de la Comisión de investigación sobre los contratos y trabajos realizados por la empresa Hard News SL por parte del Ayuntamiento. Las conclusiones deberían haberse votado el pasado 18 de marzo, pero el PP se negó y dio por finalizada la sesión sin haber votado, realizando una utilización partidista de la Comisión, ya que por entonces conocía que una de las concejalas del IU iba a renunciar a su acta. Cuando dicha renuncia se ha hecho efectiva, el Gobierno ha convocado una sesión de la Comisión de Investigación en la que la oposición contaba con un voto menos.

Así ha logrado que, gracias al voto de calidad del Presidente, hayan sido aprobadas las conclusiones del PP en vez de las presentadas de forma conjunta por PSOE, IU y UPyD, que son las que cuentan con el respaldo real de la mayoría del Pleno. De este modo, la única opción que le ha quedado a los grupos de la oposición es la presentación de las conclusiones como voto particular.