El alcalde de Navalcarnero irá a juicio por prevaricación continuada en el caso de las cuevas

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santos_aguirreNAVALCARNERO. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha terminado la instrucción del llamado ‘caso Cuevas del concejo‘ concluyendo que existen indicios suficientes para formular acusación contra el alcalde de la localidad, Baltasar Santos, y una ex interventora municipal por un delito de prevaricación continuada, según el auto al que ha tenido acceso politicalocal.es. La jueza considera además al regidor y a la funcionaria responsables civiles de los daños que se hayan podido ocasionar a las arcas públicas y solicita al ministerio Fiscal y a las partes que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación.

Este nuevo estacazo judicial contra Baltasar Santos llega a sólo seis días de que se celebren las elecciones municipales. El regidor fue expulsado del PP el pasado 11 de abril cuando la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, aseguró que le había engañado respecto a sus imputaciones y sólo dos días después de que esta le hubiera revalidado como candidato. Fue entonces cuando Santos puso en marcha su ‘plan B’, que consistía en presentarse a los comicios bajo unas siglas prestadas, URCi.

El llamado caso de las Cuevas es una de las tres imputaciones que tiene abiertas Baltasar Santos por sus actuaciones cuando era alcalde del Partido Popular y es fruto de una denuncia presentada por el PSOE, actualmente en la oposición. Tras casi cuatro años de instrucción, con toma de declaraciones a varios testigos y varias pruebas periciales, la jueza concluye que la actuación de Baltasar Santos no se adecuó a los procedimientos y normas legalmente establecidas «de forma consciente y voluntaria, evidente, patente y flagrante, en claro fraude de ley, mediante el dictado de decretos y otras resoluciones».

En el duro escrito, la magistrada considera que Baltasar Santos ordenó pagos «afrontando obras con total vulneración de la normativa establecida, con la consiguiente adjudicación directa de los contratos a los proveedores al eludir todo procedimiento legal de licitación y adjudicación».

Según el auto, todo esto fue ejecutado por el alcalde «adoptando decisiones unilaterales sin sometimiento previo al Pleno, atentando con ello contra el normal funcionamiento de la Administración Pública y la confianza que en ella tienen depositada sus ciudadanos».

Por otro lado, la juez entiende que la otra imputada, la ex interventora municipal Teresa de Jesús Hermida, no cumplió su función de control y de la fiscalización interna de la gestión financiera del consistorio, «siendo igualmente conocedora de su obligación».

La jueza pide el archivo de la causa contra los otros dos imputados, el arquitecto municipal Enrique López Lavín y el técnico de urbanismo Alfonso Martínez-Almeida, «al no existir contra ellos elementos indiciarios suficientes.

El auto resume además el informe realizado por una perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la instructora respecto a las  cuevas y otras obras realizadas en el municipio. La técnico concluye que en las cuevas se pasó de un presupuesto inicial de 1 millón de euros a un gasto de 3,6 millones de euros, encontrando una desviación del 244%. Pero añade, además, que «de incluirse en el presupuesto las obras precisas para hacer viables las visitas a las cuevas, el gasto total del proyecto ascendería a 4,7 millones de euros, lo que supondría una desviación del 350%.