Funcionarios, policías y militares recuperan los hospitales perdidos por los recortes

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mufaceSANIDAD. La dirección general de MUFACE, la mutua de cobertura social y sanitaria de los funcionarios, ha informado al sindicato CSIF que desde este martes los mutualistas contarán de nuevo con toda la oferta hospitalaria de Madrid, que fue recortada el 31 de diciembre de 2014 por el Ministerio de Hacienda.

Los funcionarios, policías y militares -los recortes afectaban también a la mutua de las Fuerzas Armadas ISFAS-, alrededor de 2 millones de personas, recuperan así una decena de centros sanitarios pertenecientes a los grupos Quirón, HM y Ruber Internacional, que eran referencia también para los pacientes de provincias limítrofes de esta comunidad autónoma.

La rectificación, que se produce después de la campaña reivindicativa iniciada a principios de año por CSIF –en colaboración con la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)- cuando se conocieron los recortes: recogida de más de 135.000 firmas a través de Change.org, reuniones con todos los grupos parlamentarios, Defensora del Pueblo, así como la Comisaria de Salud de la Unión Europea, a quien agradecemos las gestiones realizadas con el Gobierno de España.

Esta decisión, afecta a todo el colectivo, pero especialmente a un grupo de pacientes con enfermedades graves (oncológicos y cardiacos) que de la noche a la mañana se enteraron in situ, en su propio centro sanitario, que ya no tenían derecho a recibir la asistencia sanitaria. En este sentido, CSIF reconoce las gestiones realizadas por el director general de Muface y su equipo para recuperar esta oferta sanitaria, con la dificultad que conlleva la coyuntura política y las directrices del Gobierno para los recortes y «su escasa sensibilidad hacia sus funcionarios».

Desde este sindicato reclaman al Gobierno que revise su política, pase página a los recortes y garantice la viabilidad a medio y largo plazo de Muface, aumentando su financiación. Esta medida debe de ir acompañada de una nueva política para el conjunto de los empleados públicos de este país, con el fin de que recuperen su poder  adquisitivo (un 30 por ciento desde el inicio de la crisis), sus condiciones laborales y la calidad de los servicios que reciben nuestros ciudadanos.