Cifuentes dará un estatus a los ex presidentes tras el cerrojazo del Consejo Consultivo
COMUNIDAD DE MADRID. La presidenta regional Cristina Cifuentes está en una encrucijada. Ciudadanos le exige acabar con el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, donde una colección de ex presidentes -todos excepto Esperanza Aguirre- recibe un salario de 8.500 euros brutos al mes por una reunión celebrada una vez a la semana. Pero encuentra problemas burocráticos para hacerlo, según fuentes no oficiales de su administración. Ahora la jefa del Ejecutivo autonómica ha dado una vuelta de tuerca a su promesa. Quiere encontrar «reconocimiento similar» al que se da en otras regiones españolas.
No se trata de buscar una salida digna, ha explicado Cifuentes tras reunirse con su grupo parlamentario. La presidenta considera que los ex presidentes tienen que tener algún tipo de estatus porque con su experiencia pueden aportar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aún así, la jefa del Ejecutivo autonómico asegura que el Consejo Consultivo desaparecerá en las próximas fechas.
A la polémica se sumó estos días la entrada de Ignacio González para ocupar el sillón de consejero permanente que le corresponde por su condición de ex presidente, donde se ha incorporado esta misma semana, junto a Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina. Algo que no influirá en los propósitos de Cifuentes. La decisión de cerrar el Consejo Consultivo está tomada y se hará «en cuanto sea posible», obedeciendo al acuerdo de investidura sellado para conseguir el apoyo de Ciudadanos.
Por su parte, la también ex presidenta Esperanza Aguirre -que rechazó entrar a formar parte del Consejo Consultivo-, no ve factible la disolución de este organismo, aunque «respeta» los acuerdos a los que haya llegado Cifuentes con Ignacio Aguado, portavoz de C´s en la Comunidad de Madrid, para la investidura. Según la nueva portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Madrid, la Comisión de Reforma de la Administración excluye a los consejos consultivos de la supresión de organismos porque «el Consejo de Estado no puede asumir los dictámenes ya que la carga de trabajo sería excesiva».
La eliminación de este Consejo Consultivo forma parte del acuerdo sellado entre PP y Ciudadanos para la investidura de Cifuentes, que incluye también la eliminación del aforamiento de los políticos, y la despolitización de la Cámara de Cuentas.