Un juzgado de Getafe reclama facturas de un proyecto bajo sospecha del Gobierno del PP

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Juan Soler, alcalde de Getafe.

Juan Soler (PP), exalcalde de Getafe.

GETAFE. El juzgado de Getafe que instruye la querella criminal en 2013 por el PSOE por la adjudicación de la redacción del proyecto del teatro de la calle Madrid en esta localidad ha requerido varias facturas a la empresa municipal municipal GISA sobre pagos a la empresa Vegas Arquitectura, así como información sobre los diferentes licitadores.

Al respecto, la alcaldesa Sara Hernández ha manifestado este martes en rueda de prensa que las personas que están en este procedimiento judicial son, entre otros, el exalcalde de Getafe, Juan Soler, y la exconcejala de Urbanismo, Paz Álvarez, ambos del Partido Popular, entre otros.

Según Hernández, algunos “han sido llamados a declarar como imputados y próximamente serán llamados más por lo que, a lo mejor, las propuestas del PP de cese y abandono del acta de concejales por la condición de imputado se lo tienen que aplicar a sus filas próximamente”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Getafe ya solicitó el pasado mes de agosto al Ayuntamiento documentación en relación al proyecto de construcción del teatro de la calle Madrid, denominado Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, tras la denuncia del PSOE “por posibles irregularidades en el procedimiento de adjudicación del proyecto”.

Entre la documentación solicitada entonces destacaban los decretos y expedientes de la encomienda de gestión del Ayuntamiento a la empresa municipal GISA sobre la redacción del proyecto de esta edificación, así como del derribo del anterior centro municipal de cultura que existía en el solar.

La alcaldesa aseguró en el Pleno del pasado mes de julio que el Ayuntamiento colaboraría con dicho juzgado aportando toda la información necesaria para estas diligencias abiertas tras la denuncia que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición.

Además, Hernández anunció que también se pondría en conocimiento de la justicia la actual paralización de las obras, que comenzaron en noviembre de 2014 con una inversión de 2,4 millones de euros a cargo de la empresa Dragados SA, “como consecuencia de la mala gestión del anterior Gobierno”.

En este sentido, afirmó que esta paralización llegó como consecuencia de “las graves deficiencias encontradas en el proyecto adjudicado, en las modificaciones que serían necesarias, en la falta de pago a la empresa constructora y en la falta de consignación presupuestaria”.