Navalcarnero: Dos legislaturas bajo sospecha que auditará la Cámara de Cuentas

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granados_navalcarnero_santosNAVALCARNERO.  La gestión de Baltasar Santos (PP) exalcalde de Navalcarnero está bajo sospecha. La Mesa de la Asamblea ha acordado admitir la solicitud formulada por el Ayuntamiento para que la Cámara de Cuentas fiscalice o audite la gestión del Consistorio de los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2015, ambos incluidos, excepto el 2012, que ya ha sido fiscalizado.

Ahora, el ex regidor se enfrenta a lo que puede ser una de las mayores auditorias realizada por este organismo y que se sumará a los tres procedimientos penales que tiene abiertos.

Además, «la Cámara podrá recabar fiscalización de aquellos aspectos de ejercicios anteriores a 2007 de los que pudieran derivarse responsabilidad, tal y como pedía el Ayuntamiento en su solicitud», informan desde el consistorio en un comunicado.

La iniciativa parte del Pleno de Navalcarnero, que en octubre acordó por unanimidad solicitar a la Mesa que audite los últimos años de gestión del exalcalde del Partido Popular -fue expulsado unas semanas antes de las elecciones-, que dejó el municipio con una deuda superior a los 200 millones de euros.

El ex regidor está actualmente imputado en tres procedimientos penales y recientemente renunció a su acta de concejal por URCI, la formación con la que concurrió en mayo y que consiguió dos concejales.

Existen antecedentes de lo que puede ser uno de los mayores retos a los que se enfrenten los auditores de la Cámara de Cuentas.

En febrero de 2015, este organismo de la Comunidad de Madrid aprobó un informe de fiscalización del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Navalcarnero, solicitado por el Grupo Socialista de la Asamblea. Entre sus conclusiones, los auditores destacaban la existencia de un presupuesto prorrogado desde 2008 y basado en ingresos ilegales con el que se evitaban los principios de estabilidad presupuestaria; desvío ilegal de dinero de subvenciones e incumplimiento de los principios básicos de publicidad en las contrataciones que deben seguir las administraciones públicas.