El alcalde de Fuenlabrada declara como imputado por prevaricacion y lesiones a un funcionario
FUENALABRADA. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles declara este miércoles como imputado por un presunto delito de prevaricación y otro de daños morales contra un funcionario del Ayuntamiento que preside. Además, según el auto, al que ha tenido acceso politicalocal.es, «si llegara a probarse que existe relación causal entre las graves dolencias, alguna de ellas anteriores a los hechos, y la incapacidad final del querellante, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesiones«.
«Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesiones«
La denuncia presentada por R.M.P., un funcionario, técnico jurídico del Ayuntamiento de Fuenlabrada, fue admitida a trámite el pasado 11 de diciembre y este marte se toma declaración a querellante, que previsiblemente se ratificará en los hechos denunciados, y a los querellados, Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, Angel Gil Blázquez, director de Recursos Humanos del consistorio y Alberto Aragües Lobo, quien fuera director de personal entre 2007 y 2008.
Los hechos denunciados se remontan al año 2006, cuando el querellante solicita a Manuel Robles y al entonces director de personal, Alberto Aragües (nombrado a dedo), que cumplan la normativa de nombramientos de la Comunidad de Madrid, ante el bombardeo de cargos de designación política que se estaban originando.
Desde entonces siempre según la querella, R.M.P vivió un auténtico calvario en las dependencias municipales que le han ocasionado hasta tres bajas no consecutivas por depresión y un empeoramiento de la enfermedad cardiovascular grave -que sufre desde 2004 tras una operación de corazón- y que motivó media docena de veces su ingreso en urgencias hospitalarias.
Entre 2007 y 2010 el denunciante, funcionario de carrera y técnico jurídico del departamento de Personal, fue obligado a rotarpor distintas áreas municipales, llegando incluso a encontrarse ante una mesa sin teléfono ni ordenador y desprovisto de cualquier tipo de función.
La historia es rocambolesca. Hasta el punto que, según la denuncia, se ha incumplido en dos ocasiones una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 que obligaba al alcalde Manuel Robles -quien firmó varios decretos de alcaldía contra el querellante, incluso uno en 2010 en el que le quita su plaza de funcionario- a devolver a su puesto de trabajo a R.M.P. De ahí uno de los posibles delitos de prevaricación cometidos por el alcalde.
Pero no todo queda ahí. Según narra el denunciante, en 2009 se vivió un auténtico thriler dentro de las dependencias municipales tras la colocación de una cámara oculta, escondida en un detector de humos, presuntamente para espiar al personal. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de la presencia de la cámara, el jefe de Policía municipal intentó recuperarla. Se produjo entonces un auténtico episodio de violencia en el que tuvo que intervenir la Policía Nacional y en el que R.M.P, que consiguió esconder la cámara para poder aportarla como prueba en un juzgado.
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