Un juzgado procesará al ex alcalde Pedro Castro por prevaricación, malversación, fraude, cohecho…
GETAFE. Un nuevo paso en el proceso judicial que actualmente está en marcha contra el ex alcalde Pedro Castro (PSOE). El Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe avanza en el llamado ‘caso Aparcamientos’ al emitir un auto de procesamiento contra el socialista, su hijo David Castro -también concejal-, la ex concejala de Obras Cristina González, el de Urbanismo Sántos Vazquez y la ex concejal de Izquierda Unida Silvia Uyarra.
Castro, que continúa en el Ayuntamiento como concejal, está imputado en el caso por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude y cohecho. El ‘caso Aparcamientos’ tiene su origen en 2007, cuando fue resuelto un concurso para la construcción y explotación durante 40 años de 461 plazas de aparcamiento en régimen de cooperativa a la sociedad Jilguero 2005, una sociedad presidida por José Miguel Vieito, casado con la concejala de Obras Cristina González.
Dos años después, el Gobierno de Pedro Castro amplió el plazo de explotación hasta 60 años, también con el voto a favor de Cristina González. Los hechos fueron denunciados por el Partido Popular de Getafe al entender que se actuaba en contra de la Ley de Contratos Públicos, al existir una relación directa entre el adjudicado y el adjudicatario, que obligaría a la concejala a abstenerse en la votación.
La investigación puesta en marcha por la UDEF encontró irregularidades en la adjudicación de otros cinco aparcamientos adjudicados por el equipo de Pedro Castro. Unas adjudicaciones en las que presuntamente los ganadores de los concursos habrían obtenido información privilegiada del equipo de Gobierno de Getafe para obtener la máxima puntuación y conseguir las adjudicaciones. Según el Partido Popular, el dinero defraudado en estas adjudicaciones podría alcanzar los 12 millones de euros.
Los populares también acusaron a Pedro Castro y a David Castro de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos, por lo que pidieron que se les citara a declarar.
La Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010 pero el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que no se había profundizado en el asunto.
En el presente auto también se contempla que no son necesarias instruir más diligencias, que se iniciaron tras la denuncia del grupo municipal del PP sobre la existencia de «una presunta trama corrupta» para la adjudicación de la ejecución y explotación de 1.423 plazas de aparcamiento «que podría haber supuesto un beneficio de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los aparcamientos, existiendo una vinculación entre los adjudicatarios, la gestora responsable y miembros del Gobierno municipal, contando con información privilegiada para obtener la máxima puntuación en la oferta económica».