Una ex directiva de Coca-Cola, al frente de la nueva ‘super’ Agencia de Consumo del Gobierno

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lopezdesaACTUALIDAD. En pleno proceso de ERE de la filial española de Coca-Cola (afecta a 1.200 empleados) y del anuncio del cierre de cuatro plantas, el Gobierno acaba de poner al frente del macro organismo de Consumo recién creado a un ex alto cargo de dicha multinacional.

Se trata de Ángela López de Sa, ex directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia, que pasará a ser  la directora ejecutiva de este nuevo organismo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta macro agencia surge de la fusión entre el Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria  (AESAN) -en esta última ya ejercía desde 2012 como directora ejecutiva-.

Su llegada al cargo público estuvo rodeada de polémica ya en 2012. Primero fue Izquierda Unida quien denunció su nombramiento ante el Ministerio de Hacienda, al entender que había “incompatibilidades” y “conflictos de intereses” debido a su cargo en la multinacional de refrescos azucarados.  Después le llegó el turno a la Unión Europea, al solicitar la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) que se abstuviera durante dos años en todo aquello que tuviera que ver con refrescos en las reuniones del comité asesor del organismo.

En su declaración de intereses López de Sa reconocía haber trabajado entre 2007 y 2012 en Coca-Cola y ser miembro de Anfabra (Asociación Española de Bebidas Refrescantes), entre cuyos socios se encuentra Cobega. Y son precisamente los refrescos azucarados uno de los objetivos que más vigila el organismo de seguridad alimentaria).

Tras recibir su declaración de intereses, la EFSA informó a López de Sá de que “debería abstenerse de participar en cualquier punto de la agenda del consejo asesor que pudiera tener un impacto en la industria de los refrescos en los dos próximos años”.

Una actitud distinta a la planteada por la ministra de Sanidad de España, Ana Mato, quien se limito a justificar que “alguien que ha trabajado en la empresa privada puede ocupar un cargo público, y viceversa”.