Quintana: ‘El gobierno regional tiene miedo de que Montoro conozca las cuentas de Madrid’

COMUNIDAD DE MADRID. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, José Quintana, cuestionó el pasado martes que el gobierno de Ignacio González acuda a entidades privadas colocar deuda, con el sobre coste en intereses que conlleva para los madrileños. Para Quintana, la explicación es sencilla: Montoro e Ignacio González «no se fían el uno del otro».
“La pregunta que hay que hacerse es por qué no han acudido a FLA –Fondo de Liquidez Autonómico– y sí a la gestión de deuda a través de entidades privadas que cuesta más dinero a los madrileños”, afirmó el pasado martes Quintana en rueda de prensa, tras la Junta de Portavoces. “Hay una pelea importantísima como consecuencia de la financiación entre el señor González y el señor Montoro«, se contestaba a su pregunta. El Gobierno regional no quiere que «Montoro conozca las cuentas de la Comunidad. Esa es la razón. Por eso se paga más», añadió el portavoz socialista.
Quintana criticó que el Gobierno de Madrid anuncie la colocación de deuda como «un signo de recuperación», y señaló los motivos que tiene su partido para pensar lo contrario. Por un lado la Encuesta de Población Activa (EPA) “ha puesto a Madrid a la cabeza de la destrucción de empleo” y sacó los ejemplos de Coca-Cola o Tompla como un ejemplo del «declive» industrial de la región, a los que añadió las cifras de evolución del comercio o el fracaso del proyecto de Eurovegas. «No son datos halagüeños por parte del Gobierno”, aseveró José Quintana.
Coca-Cola
Quintana planteó también solicitar al Ayuntamiento de Fuenlabrada -del que fue alcalde- que «si finalmente Coca-Cola cierra la fábrica» le retiren a la empresa la licencia de actividad «para que no puedan utilizar la planta para otro negocio» a consta de «un montón de familias a las que se quiere mandar al paro». Una medida que para Quintana debería adoptarse siempre que lo quieran los trabajadores y una vez agotadas las negociaciones para evitar el cierre de la planta.
El portavoz pidió a la Comunidad de Madrid que lo apoye y recordó que «no es de recibo» que una empresa eche trabajadores cuando tiene un beneficio de 900 millones de euros anuales.