Leganés adjudicó también contratos a un imputado del ‘caso Aparcamientos’ en la etapa socialista

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Gómez Montoya, ex alcalde PSOE.

Rafael Gómez Montoya, ex alcalde de Leganés.

LEGANÉS. Varias sociedades vinculadas al propietario de Roble Park, cuna del “caso aparcamientos” de Getafe, recibieron adjudicaciones públicas en el vecino municipio de Leganés durante los gobiernos de los alcaldes socialistas José Luis Pérez Ráez y Rafael Gómez Montoya. Algunas de estas adjudicaciones provienen de contratos negociados sin publicidad, por tanto sin concurso público y por invitación del contratante- y con un procedimiento que como poco puede ser tildado de sospechoso, según la documentación a la que ha tenido acceso politicalocal.es.

Podríamos estar ante una ramificación del ‘caso Aparcamientos’ en la Comunidad de Madrid, la presunta trama de corrupción de Getafe, que vive momentos máxima actualidad por el reciente anuncio de un juzgado de procesar al ex alcalde Pedro Castro por delitos de prevaricación, malversación, cohecho, entre otros, y la dimisión de éste y otros concejales.

Un ejemplo. En uno de estos contratos, ‘Colaboración y Asistencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automáticas’, concurrieron cuatro sociedades invitadas por el ayuntamiento (la ley exige tres para contratos negociados) y las cuatro están vinculadas al empresario Joaquín Castillo Teruel, uno de los imputados en el ‘Caso Aparcamientos’ de Getafe.  La ‘pelea’ de las cuatro sociedades por ganar este concurso concluye el 26 de octubre de 2010 con la adjudicación del Ayuntamiento de Leganés a una de ellas (en este caso, a Área Siglo XXI SL) por 47.118 euros, es decir, sólo 300 euros por debajo del importe máximo de licitación.

Las empresas que participaron en este procedimiento fueron: Roble Park SL y Área Siglo XXI, de las que Castillo era en ese momento administrador único; G.T.I Mundipay SL, en cuyo consejo de administración aparece de nuevo Roble Park SL; y Merpro SL, de la que Castillo también era en esas fechas administrador, según datos de los registros consultados por este diario.

Pero hay más. Esta no era la única vez que Área Siglo XXI resultaba adjudicataria en un proceso de similares características. Solo unos meses antes, la sociedad administrada por Joaquín Castillo Teruel resultó elegida para otro contrato de servicios del Ayuntamiento de Leganés, el Envío de notificaciones y liquidaciones resultantes del altas catastrales. En esa ocasión, Area Siglo XXI consiguió el contrato por 43.000 euros, el importe máximo de licitación.

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Las sociedades invitadas a presentar oferta fueron otra vez Área Siglo XXI SL, Roble Park SL y GTI Mundipay. Aparecía una cuarta sociedad en escena, Maigar Elecgar, aparentemente sin vinculación con las anteriores. El adjudicatario fue otra vez Área Siglo XXI.

De Pérez Ráez a Gómez Motoya

Este diario se ha puesto en contacto con el anterior equipo de Gobierno para conocer más detalles sobre el alcance de los contratos con Roble Park y las empresas asociadas.

Un portavoz del partido aseguró que “durante el mandato Rafael Gómez Montoya (PSOE), no se firmaron acuerdos con Roble Park”. El portavoz, sin embargo, reconoce que «sí se contrató a Roble Park durante la etapa del también socialista José Luis Pérez Ráez como alcalde de Leganés», pero, añade, “no se renovaron cuando llegamos nosotros”.

Los contratos a los que se refieren son otros. Los realizados desde 2003 por el EMSULE (Empresa Municipal del Suelo de Leganés). Roble Park recibió diferentes contratos de gestión de aparcamientos en superficie y el parking del Campo de Tiro de Leganés.

‘Caso Aparcamientos’

El “Caso Aparcamientos” ha salpicado a toda la cúpula socialista del anterior Gobierno local en el vecino municipio de Getafe. El pasado 8 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe anunciaba que procesaría al ex alcalde Pedro Castro y a otros cuatro concejales, que unos días después presentaban su dimisión como concejales de la oposición.

El propietario de Roble Park, Joaquín Castillo, está junto a los concejales, y el equipo técnico y los integrantes de la mesa de contratación están imputados en el caso.

El procedimiento judicial se inició en 2009, tras una denuncia interpuesta por el Grupo municipal del Partido Popular en la que informaba de “una presunta trama para la adjudicación de la ejecución y explotación de 1.423 plazas de aparcamiento”. Según el PP, entonces en la oposición, había una “trama” y “vinculaciones” entre los adjudicatarios, la gestora responsable –Roble Park SL- y el Gobierno de Getafe, que ofrecía información privilegiada para conseguir la máxima puntuación en el concurso público. Las cinco cooperativas adjudicatarias de los aparcamientos estaban gestionadas por Roble Park SL.