Debate moral en Boadilla

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JAVIER ALGARRA, periodista.        

La política local es el marco en el que los representantes públicos deberían defender los intereses más cotidianos de los ciudadanos. Es el foro en el que discutir acerca del alumbrado municipal, el alcantarillado público, los transportes urbanos o las tasas correspondientes para atender ese tipo de servicios. Otras cuestiones, como la política exterior del país o los debates ideológicos acerca del modelo de sociedad, están reservadas a otras instancias.

Sin embargo, algunos cargos electos utilizan esa plataforma para convertirla en trampolín de su carrera política, generalmente con la mirada puesta en otros objetivos, como el de dar el salto a la política autonómica o nacional, o la aprovechan como altavoz de sus convicciones ideológicas.

Es lo que hacen algunos concejales de Boadilla del Monte, que utilizan el pleno municipal para presentar iniciativas que nada tienen que ver con la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Lo demostraron, por ejemplo, con una moción encaminada a pedir al gobierno de la nación la retirada de la reforma de la Ley del Aborto presentada por el ministro de Justicia.

Nada tenemos que objetar al libre debate de las ideas, ni a la defensa de diferentes posturas acerca de cuestiones tan sensibles como pueda ser la del aborto. Pero parece oportunista y demagógico plantear ese debate en un marco competencial municipal, en un afán de trastocarlo en altavoz ideológico.

Y, una vez convertido el pleno del Ayuntamiento en un escaparate para la propaganda, causa estupor escuchar a María Teresa Bermejo del Pozo, edil de Alternativa por Boadilla, justificar la liberalización del aborto para evitar que se repitan casos como el de aquella mujer de Alicante que, embarazada sin desearlo, se forzó el parto en el lavabo y arrojó al bebé por el inodoro. Afortunadamente, la criatura pudo ser rescatada con vida, después de que un vecino escuchase gemidos procedentes de la cañería.

 “Algunos concejales de Boadilla del Monte, que utilizan el pleno municipal para presentar iniciativas que nada tienen que ver con la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento”

También en una sesión plenaria de Boadilla, fue la concejal socialista Yolanda Estrada quien, en la misma línea, defendió el aborto libre porque, según dijo, dar a luz a un niño con malformaciones supone una “costosísima asistencia sanitaria”.

Al margen del inapropiado foro elegido para el debate, no se puede pasar por alto la gravedad de tales declaraciones. Por algo similar, una concejal del Partido Popular en Calasparra, Davinia Saorín, responsable de sanidad en la oposición municipal de esa localidad murciana, se vio forzada a dimitir tras comparar a las mujeres que abortan con terroristas.

Si resulta inadecuado utilizar foros municipales para jugar a la política nacional o, peor aún, para convertirlos en altavoces propagandísticos, tampoco parece razonable asumir el doble rasero que supone aceptar que un político, después de decir una barbaridad, debe dimitir si es del PP, pero no, si es de un partido de izquierdas.

La moralidad, como la libertad de expresión, son parámetros que se deben aplicar a todos por igual.