Crece el empleo de discapacitados pero aumenta el oligopolio de las ayudas públicas a la contratación

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ECONOMÍA. Dentro de las bajas cifras de contratación de nuestro país que contribuye al alto índice de desempleo, hay una isla de crecimiento: el empleo protegido. El número de contrataciones en los Centros Especiales de Empleo (CEE) – empresas cuyo principal objetivo es la integración laboral y social de personas con discapacidad- se situó en un 25,17%. El pasado mes de enero, los CEE firmaron 4.475 contratos, 900 más que en el mismo mes del año anterior. A pesar de estos alentadores datos, cada día se concentra más el numero de organizaciones que acaparan las ayudas públicas a la contratación de discapacitados.

«La gran duda que nos asalta, es si estas cifras están se deben al interés por cumplir compromisos de  Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las empresas o por recibir los incentivos parejos a la contratación de personas con discapacidad, explicó este sábado Laurent Ogel, uno de los mayores expertos en creación de proyectos de CEE, en el programa Escaleras de la Dependencia, de Radio Libertad, especializado en el mundo de la discapacidad,

Los CEE surgen en España en 1982 ante la necesidad de integrar a personas con discapacidad en el mercado laboral. Los cambios legislativos aprobados el pasado mes de noviembre, les obligan a tener en sus plantillas al menos un 70 por ciento de personas con una discapacidad superior al 33 por ciento y estar inscritos en el registro autonómico correspondiente.

«Desde la Administración queremos que haya actividad empresarial, pero queremos empresas que sean sostenibles. La sostenibilidad es un trípode con tres elementos que deben estar en equilibrio: económico, social y ambiental”, Xavier López, director general de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo de la Generalitat de Catalunya. López que participó en la 50 Jornada Corresponsables en Barcelona resaltó que “la Responsabilidad Social Corporativa no es un tema de filantropía sino de competitividad”.

Un estudio elaborado por KPMG  y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM) en 2013, concluía que los Centros Especiales de Empleo (CEE) retornan a la sociedad 1,44 euros por cada euro que reciben de las administraciones públicas.  Una cifra que según los expertos incrementa en algunas regiones. «En el País Vasco, en el ámbito de la discapacidad intelectual, el retorno por euro invertido es de 3,80 euros, asegura Laurent Ogel.

«Las personas con discapacidad intelectual que se incorporan a un puesto de trabajo, no perciben ningún tipo de subsidio, generalmente generan un menor consumo de recursos sanitarios, la familia no precisa abandonar su puesto trabajo para atenderlos diariamente, generan impuestos, no precisan atención en una residencia especializada y generan consumo», justifica Laurent.

Siguiendo con el documento, realizado con el objetivo de medir la contribución de los CEE a la riqueza nacional, desvela que en España hay un total de 2.215 CEE, en los que trabajan 71.815 personas, de las cuales cerca del 90 por ciento (64.391 personas) tienen discapacidad. Además, entre 2009 y 2011, el empleo de personas con discapacidad en los CEE aumentó un 14 por ciento.

El informe de KPMG añade que «con más de 70.000 trabajadores incluyendo personas con y sin discapacidad, y un gasto salarial anual de alrededor de 900 millones de euros, los CEE se encuentran entre los mayores empleadores del país». «Si fueran una única empresa, se situaría entre las mayores de España en términos de número de trabajadores», sentencia el estudio.

¿Pero tienen todas las empresas las mismas posibilidades?

Algunas empresas han manifestado sus quejas ante el reparto de fondos realizado desde las administraciones públicas, que les dejan fuera de juego en temas de competitividad. Por ejemplo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinó 51  millones de euros del Fondo Social Europeo a inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Los beneficiados fueron la Fundación ONCE (12.295.813  euros), Cáritas Española (9.400.952), Cruz Roja (9.339.223), Fundación Secretariado Gitano (10.055.561) y el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (10.592.476). El objetivo era que estas organizaciones reforzasen sus programas para mejorar la la inserción laboral de las personas a las que dirigen su actividad: personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, inmigrantes, población gitana y reclusos. 

Por Agustín Morales