Imputada la mujer del ex alcalde de Leganés por malversación y tráfico de influencias en el caso Facturas

montoya3

LEGANÉS. Carmen Blázquez Roblas, esposa del ex alcalde y actual portavoz del PSOE Rafael Gómez Montoya, declarará como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el llamado ‘caso Facturas‘, que estudia la presunta financiación irregular del PSOE durante la campaña electoral de 2007, según el auto del Juzgado de Instrucción Número 8 de Leganés al que ha tenido acceso este diario.

La esposa del portavoz socialista acudirá al juzgado como imputada el próximo 17 de junio a las 10 de la mañana. La juez solicita además que se requiera a las empresas Urbaser y Helechos para que exhiban los libros de facturas y contabilidad en los periodos comprendidos entre enero y junio de 2007.

El juzgado ha emitido también dos oficios en los que solicita a la Delegación de Hacienda de la localidad que remita las liquidaciones trimestrales de IVA de las dos sociedades y al Ayuntamiento  que presente los antecedentes de las facturas que obren en poder del consistorio.

Financiación irregular del PSOE de Leganés 

El conocido como ‘caso Facturas’ investiga la presunta financiación irregular de la campaña electoral municipal del PSOE en 2007, que dio la victoria a Rafael Gómez Montoya, ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

El Partido Popular presentó una querella en 2009 contra el entonces alcalde Gómez Montoya por unas facturas de dos sociedades contratistas del ayuntamiento que podrían haber financiado la campaña del PSOE. Los populares se querellaban también contra su mujer, Carmen Blázquez Roblas, ex directora de Medio Ambiente  y contra el ex concejal del área Francisco Arroyo.

Según la querella del PP, el Ayuntamiento abonó anuncios del PSOE en la publicación local Mercado a través de dos empresas adjudicatarias del Ayuntamiento, Urbaser y Helechos, dedicadas a la recogida de basuras y al mantenimiento de jardines.

En noviembre de 2012, la titular del Juzgado número 8 de Leganés acordó el sobreseimiento del caso. La decisión fue recurrida por el actual Gobierno municipal (PP) y en julio de 2013 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa. En un duro escrito contra la instructora, la Sala solicitaba a la jueza que llamase a declarar en calidad de imputados a Gómez Montoya, a su mujer y al concejal Arroyo, al entender que había indicios de malversación y tráfico de influencias.

En el auto notificado el pasado 15 de abril, la jueza pide también que se tome declaración como testigo a Beatriz Pinazo, comercial del periódico Mercado para contrastar su versión con el testimonio de otra trabajadora de la publicación que aseguró que su jefe” le ordenó facturar la cantidad pendiente de pago de la campaña electoral del PSOE a Urbasur y Helechos” y le contó que la imputada “Carmen Blázquez así se lo indicó, porque en caso contrario no iban a cobrar”.

Pieza separada para nuevos escándalos

La magistrada ordena además que se abra una pieza separada por la adjudicación por parte del PSOE e IU de un punto limpio a Urbaser a cambio de publicidad electoral, tal y como denunció el Partido Popular en un escrito presentado al juzgado en noviembre de 2012 e incluido en la causa.

Según la denuncia de los populares, su construcción, que no estaba prevista en los pliegos de adjudicación de los servicios de limpieza, supuso un sobrecoste de 367.501,16€ y fue realizada en una parcela dotacional reservada para uso deportivo y educativo.

La jueza ordena también investigar por separado el llamado caso ‘ECA’, por el que los socialistas adjudicaron un servicio de consultoría a las mismas empresas del caso Facturas.  Según el escrito de denuncia, el 1’5% del valor de estos contratos tendría que destinarse a campañas de sensibilización ciudadana, pero el dinero nunca se ingresó en el Ayuntamiento.

montoya_auto_mujer_caso_facturas