La Marea Blanca denuncia una privatización de la sanidad solapada al derivar pruebas a la privada

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mareablancaCOMUNIDAD DE MADRID. La Marea Blanca ha vuelto a salir a las calles de Madrid  para denunciar que «continúan las privatizaciones de la Sanidad pública«, aunque se hace de forma «solapada», ya que en los presupuestos figuran «millones de euros» para «derivar las pruebas diagnósticas a la privada» -hospitales, clínicas y laboratorios-, en detrimento de los servicios públicos.

En una marcha que se inició a las 12.00 en la plaza de Neptuno y que se desplazó hasta la Puerta del Sol, el numeroso grupo de profesionales de la sanidad publica considera que el proceso de «privatización» en la Comunidad de Madrid no se ha detenido, y que tan solo ha paralizado por un motivo «puramente electoral» por la proximidad de los comicios europeos.

En su manifiesto, la llamada Marea Blanca considera además que el proceso de externalización de la Sanidad Pública iniciado por el Gobierno regional continúa, aunque de manera solapada, como se refleja en los presupuestos, que «reflejan millones de euros para la derivación de las pruebas diagnósticas a la privada». 

Los manifestantes argumentan además que en la Comunidad de Madrid se han privatizado y se mantienen abiertos los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Torrejón y el de Valdemoro. «A pesar de que el Hospital de Collado Villalba permanece cerrado, se sigue abonando 900.000 euros mensuales a la empresa adjudicataria IDC Salud (antes Capio)», explica la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP).

Otro de los centros de las protestas es el «cierre o privatización de varios laboratorios públicos», y la cesión «de la mayor parte de los análisis que se dejan de hacer en ellos a la empresa que ganó el concurso para gestionar el Laboratorio Central de Análisis Clínicos, la UTE liderada por Ribera Salud».

La MEDSAP exigen la retirada del Plan de Medidas de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, la derogación de la Ley 15/97 por entender que «abrió la puerta legal a la privatización que viene expropiando bienes públicos».

También exigen que se devuelva el derecho a recibir atención sanitaria «gratuita» a «los inmigrantes en situación irregular» -unas 900.000 personas-  y la derogación del artículo 135 de la Constitución «que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto».