Leña a la clase media

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Mar Mateos, periodista.                         

Dicen los Técnicos del Ministerio de Hacienda que la reforma fiscal que se nos viene encima es regresiva y que serán las clases medias las que tengan que compensar la rebaja fiscal de las grandes fortunas. Que los que se van a beneficiar, sobre todo, serán los 73.000 contribuyentes que ingresan más de 150.000 euros. De hecho, los que ganan entre 20.000 y 33.000 euros verán como su tipo sube del 30 al 31%, aunque en 2015 volverá otra vez al 30%. Ese mismo año, los que ganen más de 300.000 € pasarán de tributar el 52%, al 47%. Y el que gane 60.000 euros al año pagará el mismo porcentaje que quien alcanza los 300.000 euros anuales.

Al final, las cifras cantan y el 15% de los contribuyentes de rentas medias aportan, o mejor, soportan, el 85% del IRPF. Pero en esta reforma hay otro aspecto que va a hacer que se escore aún más el IRPF sobre las rentas del trabajo. Se trata del punto más polémico, que es el de la tributación de las indemnizaciones por despido. Por no gustar, no es que no guste a los sindicatos o la oposición; es que no gusta ni en el seno del partido que gobierna. Los sindicatos aseguran que con esta nueva medida se ahonda en el reparto desigual de las cargas de la crisis y el ajuste presupuestario y se carga dos veces sobre los trabajadores más débiles mientras se están desfiscalizando las rentas del capital y del patrimonio.

En este caso, los más débiles, los que más van a sufrir esta  nueva ley, son los trabajadores de larga duración, los que más tiempo llevan en las empresas, que por su edad madura tienen más papeletas para acabar en la cola del paro y que tendrán muy difícil la recolocación. Lo que no ha pensado el muñidor de esta Ley, el ministro Montoro, es que la capacidad económica del que obtiene una indemnización por despido es mucho menor que la del que conserva su empleo, entre otras razones porque  sus recursos deben durar hasta que encuentre un nuevo trabajo. Por este motivo se declararon exentas esas percepciones y no tiene sentido que hoy se vean mermadas. De hecho, es  más necesario que nunca un colchón económico con el que sobrellevar la búsqueda de trabajo en un país que tiene la tasa de paro más elevada del mundo desarrollado.

Llueve sobre mojado, porque los trabajadores ya han sufrido un recorte en la indemnización por despido con la reforma laboral de 2012; han visto prácticamente desaparecer los salarios de tramitación y una reducción importante de las prestaciones por desempleo. En dos años se ha producido  una  merma significativa de todos los importes que se perciben tras el despido en un contexto social muy duro.

Si lo que busca el Gobierno es evitar el abuso de quienes se aplican indebidamente un beneficio haciendo pasar despidos pactados por improcedentes, debería extremar el control. O hacer que tributen las grandes indemnizaciones. Porque la medida, tal y como se ha planteado, afecta a todos los trabajadores que tengan un sueldo de 1.500 €, es decir, que la obligación de tributar por su indemnización alcanza a un amplio espectro de la población activa.

Pero si lo que busca es hacer caja, entramos en el terreno de lo cómico, porque  con esta medida sólo se recaudarán unos 100 millones de euros. Lo aseguraba CCOO y lo ha avalado con datos. El cálculo que ha hecho el sindicato es muy sencillo: en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado sobre los beneficios fiscales dice muy claro que Hacienda dejará de recaudar 137 millones en 2014 por la exención de las indemnizaciones por despido. Si a la cifra le restamos el mínimo exento de 2.000 euros al año, nos quedamos con esos 100 millones pelados.

Esa cantidad representa menos del 1% del total de los beneficios fiscales por el IRPF que son de 15.513 millones y un 0,3% del total, incluyendo Sociedades, IVA, impuestos Especiales o primas de seguros.

A cambio, va a conseguir que se incremente la tensión en los centros de trabajo. Empresarios y trabajadores negociarán duramente para llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes: los intereses de los trabajadores van a chocar con las posibilidades económicas de la empresa a la hora de incrementar las indemnizaciones y contar con el sobrecoste de esta nueva retención.

Y hay más ironía en todo esto, porque si lo que de verdad quiere el Gobierno es atajar abusos, esta Ley llega muy tarde. Debería haberse planteado cuando se indemnizó con cantidades millonarias a los ejecutivos de bancos y  cajas quebrados y rescatados con dinero público.