Patrimonio pregunta a la fiscalía si abrirá diligencias en el asunto de las cuevas de Navalcarnero

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cuevas-navalcarneroNAVALCARNERO. La Dirección General de Patrimonio Histórico registró el pasado mes de junio una pregunta por escrito en la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid para saber si tomará parte en el expediente que el organismo de la Comunidad de Madrid tramita contra el Ayuntamiento de Navalcarnero por las obras de las cuevas.
Patrimonio, que ha abierto un expediente sancionador contra el consistorio que dirige Baltasar Santos (PP), realiza la consulta a la fiscalía por si las actuaciones del Ayuntamiento fueran además constitutivas de actos ilícitos. En el caso en que el fiscal abra diligencias, el organismo del Gobierno regional tendría que esperar a su resolución, explican fuentes conocedoras del procedimiento.
Según datos de intervención del propio consistorio, las obras no disponían de presupuesto a largo plazo y su cobertura se realizó mediante modificaciones de crédito, desde el año 2004 al 2011. Asimismo, los incumplimientos en materia de riesgos laborales pudieron haber supuesto una falta de carácter grave, que no se instruyó por haber prescrito, explican desde UPyD en Navalcarnero, que este martes registró una petición en el Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre estos hechos.
«La mera circunstancia de que la Dirección General de Patrimonio Histórico haya consultado a la Fiscalía sobre si va a tomar parte ya deja entrever que los hechos acontecidos pueden ser constitutivos de considerarse actos ilícitos. Todo servidor público tiene por obligación comunicar hechos a la fiscalía si entiende que estos pueden ser constitutivos de ilegalidad», explica Marcos Muñoz, delegado de la formación magenta en la localidad. 

Las faltas a las que se enfrenta el consistorio están recogidas en los artículos 42.2), 42.3h) y 42.4.a) de la Ley 3/2013, de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Dichas faltas pueden considerarse leves, graves y muy graves y van desde la mera infracción por no solicitar autorizaciones o incumplimiento de sus condiciones, al daño grave o muy grave sobre los Bienes de Interés Cultural o Interés Patrimonial, y están penadas con multas que oscilan entre los de 60.001 y 1.000.000 de euros.

«No entendemos cómo se pueden hacer unas obras sin presupuesto a lo largo de 10 años valiéndose únicamente de modificaciones de crédito», añade Muñoz, que se pregunta por la seguridad de las cuevas para los visitantes y para los edificios colindantes. «En caso de que se confirmen incumplimientos, haya lugar a lesiones sobre personas o daños en los inmuebles podría aumentar la gravedad de los hechos de manera exponencial», añade el delegado de UPyD.