Cifuentes deja sin trabajo a Gallardón, Leguina e Ignacio González
MADRID. La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia la eliminación del Consejo Consultivo y deja sin trabajo a sus predecesores. Alberto-Ruiz Gallardón, Joaquín Leguina e Ignacio González dejarán de percibir la última prebenda que les quedaba en su calidad de ex presidentes regionales. La supresión del organismo les privará de los 5.500 euros netos que percibe mensualmente cada uno, por asistir a una reunión semanal, y supondrá un ahorro total de 2,3 millones de euros para las arcas de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto que permitirá la supresión del Consejo Consultivo, una vez realizados los trámites preceptivos e incluidas las observaciones de las distintas secretarías generales técnicas de la Administración regional, la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Como ha informado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, a partir de este momento el texto será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate. Todo indica, que esta medida que ya había propuesta por Ciudadanos, saldrá adelante, como mínimo con el apoyo del partido naranja.
Los funcionarios cambiarán de departamento
El pasado 16 de julio, el Gobierno regional dio luz verde al anteproyecto, iniciando los trámites necesarios para eliminar este órgano, un compromiso adquirido por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el fin de reducir el gasto público. En el texto aprobado, las funciones desarrolladas hasta el momento por este organismo creado en el año 2007 serán asumidas por una Comisión Jurídica de la Abogacía General de la Comunidad, en el caso de los asuntos de preceptiva consulta. Respecto a las reclamaciones contra los actos en materia de acceso a la información pública de la Administración autonómica y de las entidades locales del territorio de la Comunidad de Madrid, serán resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. También será este Tribunal el que tenga las competencias sancionadoras en materia de buen gobierno.
El patrimonio, los derechos y obligaciones pasarán a la Comunidad de Madrid. En cuanto al personal, los funcionarios de carrera con puesto de letrado pasarán a estar adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto, provisionalmente, pasarán a la Secretaría General Técnica de la Consejería, Justicia y Portavocía.