Carmena se enfrenta sobre la arena de la Caja Mágica a Carlos Slim y Esther Koplowitz
Carmena y Koplowitz, como Sharapova y Williams, pelearán hasta la última bola
MADRID. El Gobierno de Manuela Carmena está decidido a enfrentarse a FCC, propiedad Esther Koplowitz (22,43%) y Carlos Slim (25,6%), por los sobrecostes en la construcción de la Caja Mágica. Comienza el partido sobre la tierra batida que ha visto batirse a Nadal, Federer o Djokovic en el Madrid Open. Como Williams y Sharapova, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta FCC, Esther Koplowitz, tendrán que luchar hasta la última bola. Desde un palco privilegiado la segunda fortuna mundial, Carlos Silm, observa atento el partido.
La construcción de la Caja Mágica pasó de los 85 millones en los que fue presupuestada a 205, que podrían convertirse en 33 más si prospera la demanda por los gastos añadidos interpuesta por FCC. El Ayuntamiento de Madrid, tras inspeccionar las modificaciones en los contratos que propiciaron el aumento, anunció esta semana que propondrá la apertura de una comisión de investigación. «Existen indicios claros de irregularidades y de negligencias», aseguró el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
El edil explicó que desde el consistorio se investigarán «las responsabilidades asociadas a la construcción de la Caja Mágica, tanto en términos legales como administrativos y políticos”. Ante la posibilidad de que se pueda llegar a acuerdos confidenciales, tal y como planteaba el borrador del anterior equipo de Gobierno, el edil ha negado la mayor. «Estamos negociando con el dinero de todos», argumentó.
«El sobrecoste de esta construcción es excesivo, supone el 110 por ciento de lo presupuestado. Solo con el dinero invertido para su construcción se podría cubrir el presupuesto municipal de deportes del Ayuntamiento de Madrid por los próximos 20 años«, explicó la concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Celia Meyer.
Un 41% de los contratos asociados a su construcción que superaron las cantidades previstas en un principio. Según Meyer, «nuestra responsabilidad es aminorar en la medida de lo posible la carga sobre las arcas municipales; que no se pague un euro más de lo necesario en esta instalación«.