A.M.A. avisa de que la actual reforma no va a evitar el exceso de procedimientos penales contra los profesionales sanitarios
MADRID. Seis de cada diez reclamaciones judiciales contra profesionales sanitarios se hacen por vía penal, pero solo tres de cada cien acaban con una sentencia condenatoria. Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, Raquel Murillo, subdirectora general y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de A.M.A. , ha defendido que “la mayoría de reclamaciones judiciales contra profesionales sanitarios no deberían ser penales”, aunque también valoró que la última reforma del Código Penal no ayudará demasiado a corregir la actual distorsión.
Raquel Murillo hizo estas declaraciones hoy, durante el Taller de Trabajo “Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios tras la reforma del Código Penal”, que A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, ha organizado en el vigésimo segundo Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebra hasta el sábado en Madrid.
En un salón de actos abarrotado durante toda la jornada, la subdirectora general de A.M.A., destacó que obligar a los profesionales sanitarios a sufrir un procedimiento penal, aunque casi nunca venga acompañado de una condena, “sí acarrea consecuencias no jurídicas para el profesional, como son la afectación psicológica y el miedo a una inhabilitación profesional”.
Dijo también que la ley orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, ha eliminado las faltas en el ejercicio profesional sanitario, si bien las sustituye por varios supuestos de imprudencia menos grave que podrían acarrear antecedentes penales y mayores sanciones, aunque no fuera ese el espíritu del legislador. Recordó además que las faltas solo representaban el 7% del total de reclamaciones en vía penal, y consideró prematuro sacar conclusiones sobre su desaparición hasta que los tribunales interpreten y fijen sanciones sobre la nueva doctrina de las infracciones menos graves.
Raquel Murillo repasó también otras novedades de la reforma del Código Penal para el colectivo sanitario, como el refuerzo del delito de intrusismo o la delimitación de responsabilidad penal para personas jurídicas. Citó también la consideración de atentado a las agresiones o amenazas sufridas por funcionarios sanitarios, figura que ha generado un amplio debate por excluir a los médicos privados de dicha protección reforzada.
La mediación como alternativa
En el Taller de A.M.A. ha participado también Eduardo Torres Dulce, ex fiscal general del Estado, que consideró especialmente confusa la actual reforma, que, a su juicio, viene a agravar las excesivas modificaciones que suelen hacerse en nuestro país al Código Penal. Torres cree que la jurisprudencia penal sobre profesionales sanitarios debería circunscribirse a imprudencias, negligencias y mala praxis, siempre desde la óptica de la lex artis y una adecuada sistemática en torno al consentimiento informado.