La Comunidad de Madrid contabiliza un 30% menos de delitos de odio que la media nacional

MADRID. De los 1.285 delitos de odio que se sucedieron el año pasado en España solo 102 tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid. Menos de un 8% del total en una comunidad autónoma que aglutina aproximadamente el 13% de la población del país. Con la presentación de estos datos, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha inaugurado hoy la jornada de formación sobre los delitos de odio y discriminación organizada por la Jefatura Superior de Policía.
El objetivo de estas jornadas es avanzar hacia la tolerancia cero en estos delitos y ofrecer la mejor atención posible a las víctimas. Y una de las formas de garantizarlo es la formación especializada de los agentes encargados de atenderlas. Dancausa ha estado acompañada por el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez.
Como se ha explicado en la jornada, aunque la sociedad española es «abierta e integradora», en la que «predomina el respeto hacia la diversidad de ideas, personas y culturas, la intolerancia existe» y la Policía Nacional «tiene la obligación de combatirla y proteger el derecho de todos a la no discriminación».
Por ello, se les exige a los agentes una «total contundencia» a la hora de rechazar y perseguir cualquier agresión que sufra una persona por su pertenencia a una determinada etnia, raza, religión o práctica religiosa; o por su discapacidad, orientación o identidad sexual, así como por su situación de pobreza y exclusión social.
Dancausa ha señalado que el primer paso necesario es dar visibilidad a estos delitos ya que según los datos que ha aportado la Policía Nacional, el año pasado se registraron en España 1.285 delitos de odio, el 40 por ciento por orientación sexual de la víctima, seguidos de cerca por los relacionados con el racismo y la xenofobia. Por otro lado, sólo una de cada diez víctimas de algún delito de odio llega a poner una denuncia.
Dancausa ha recalcado que en muchos casos, las víctimas viven la discriminación en silencio, por diversos motivos. «A veces, como en el caso de muchos inmigrantes, porque están en una situación de ilegalidad. Y en ocasiones, porque creen que denunciar no va a servir para nada y temen, además, que no van a encontrar comprensión por parte de las instituciones», ha explicado la Delegación.
«Esta percepción no solo es errónea, sino también un obstáculo para combatir el problema, puesto que, como ocurre, por ejemplo, con la violencia de género, la denuncia suele ser la única vía para conocer la agresión y poder poner en marcha las acciones necesarias para proteger a la víctima», ha subrayado la delegada del Gobierno.
El Gobierno, a través del Ministerio de Interior, puso en marcha el Protocolo de actuación para los delitos de odio, en diciembre de 2014, con tres ejes fundamentales de actuación: la formación de los agentes, la protección a las víctimas y la figura del interlocutor social.
Acerca de este Protocolo, Dancausa ha apuntado que, a su juicio, la formación de los agentes es fundamental. «Ellos son los primeros que entran en contacto con la víctima y, en este sentido, necesitan contar con todas las herramientas posibles para ofrecerles la mejor atención y ganarse su confianza, que es la condición básica imprescindible para que decidan denunciar», ha dicho. PL/EP.
