El puñetazo a Rajoy
Ricardo Ruiz de la Serna.
Ayer un joven menor de edad propinó al presidente del Gobierno un puñetazo en la cara. Le dejó el rostro marcado y las gafas rotas. Todos los partidos condenaron la agresión. Muchos políticos mostraron su repulsa a través de los medios de comunicación y las redes sociales. A medida que pasaban las horas, la información que se ha ido conociendo es cada vez más inquietante. El ataque no fue la acción espontánea de un chaval exaltado. Hubo cierta preparación y sus amigos le animaron a través de WhatsApp. Alguno puede pensar que es cosa de unos gamberros. Hubo quien trató de trivializar el incidente o restarle importancia. Se decía que había sido una bofetada. Sin embargo, la gravedad de la acción excede su relevancia penal y el propio daño físico –no hay que olvidarlo- que Mariano Rajoy haya podido sufrir. Un puñetazo al presidente del Gobierno no es “solo” un golpe a la persona sino un ultraje al símbolo.
Los años de la Transición no fueron tan apacibles como algunos cuentan. Hubo violencia política de la extrema derecha y la extrema izquierda desde los años 70 hasta entrados los 80. Podría recordarse, por ejemplo, la matanza de Atocha de 1977 o el secuestro y asesinato de Yolanda González en 1980. El terrorismo de ETA, GRAPO, los GAL y otras organizaciones es inescindible del elemento ideológico que trataba de conseguir objetivos políticos a través del asesinato, el secuestro, la bomba y el robo entre otros delitos. Hubo quien justificó a los terroristas so pretexto de que, en realidad, atentaban contra el régimen de Franco o pagaban a los terroristas con su misma moneda. Así sucedió con el magnicidio del almirante Carrero Blanco o el secuestro tortura y asesinato de Lasa y Zabala.
Afortunadamente, las voces que justificaban la violencia en democracia han sido cada vez menores. Sin embargo, nunca han desaparecido y, en determinados lugares como el País Vasco, Navarra y Cataluña, han ocupado y ocupan espacios institucionales. La equiparación entre terroristas y víctimas, la trivialización de formas gravísimas de violencia como la kale borroka o la utilización de los medios de comunicación para señalar posibles objetivos han seguido presentes en nuestra sociedad y, desgraciadamente, han gozado de prestigio en ciertos sectores. Una pretendida defensa de la libertad de expresión o la acción política encubría otros fines: la exaltación de los terroristas, la reescritura de la Historia, la imposición del olvido.
A comienzos del siglo XXI, la violencia política se adaptó a una sociedad que condenaba a los violentos. Aunque nunca perdió el elemento estrictamente físico –el golpe, el lanzamiento de objetos contundentes, el rociado con pimienta- fue ganando fuerza verbal y gestual. Quizás hubo un punto de inflexión cuando el modus operandi de las juventudes filoetarras se extendió a Cataluña y al resto de España a través de movimientos de extrema izquierda. Mientras los radicales de derecha tenían sus referentes en países europeos –ahí están los vínculos de las organizaciones neonazis con grupos similares en Italia, el Reino Unido y Grecia, por ejemplo- la escuela de la “violencia de baja intensidad” de la ultraizquierda quedaba más cerca.
Poco a poco se fue haciendo habitual reventar actos políticos de los partidos constitucionalistas. Hay que recordar la Cataluña de los dos tripartitos con los “maulets” hostigando a los militantes del Partido Popular y de Ciutadans. Recuerdo el clima que describían Rivera o Girauta en aquellos primeros años. No hubo organización de la sociedad civil no nacionalista que se salvase de la ira de aquellos jóvenes que subrayaban que sus protestas eran pacíficas solo para encubrir la violencia que, en realidad, ejercían. Llegaron a hacer casi imposible el ejercicio normal de las libertades en Cataluña, como lo era en el País Vasco y ciertas zonas de Navarra.
Con el estallido de la crisis, el discurso político en toda España se fue haciendo cada vez más radical. La extrema izquierda fue ganando fuerza con un discurso ambiguo y cambiante sobre la violencia. Cuando se habla de condenar “toda forma de violencia” y se equipara a las Unidades de Intervención Policial con quienes asediaron el Congreso de los Diputados o el Parlament de Catalunya, uno debe estar atento a la manipulación del lenguaje y del discurso. No es lo mismo la actuación de un cuerpo policial sometido a controles administrativos y judiciales y cuya legitimación democrática es incuestionable, que el asalto a las instituciones, el acoso a los políticos en sus casas o el lanzamiento de adoquines contra la policía. Hay que traer a la memoria las incitaciones al odio contra Cristina Cifuentes aquellos años. En Madrid, en 2011, se llegó a vejar públicamente en la Puerta del Sol a católicos que rezaban con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI. Valiente activismo.
Es inevitable hablar de cómo se jalona este camino a la violencia física, que nunca es el comienzo. Hay que recordar la banalización de la violencia es sus aspectos no sólo físicos sino también simbólicos –el tartazo a Yolanda Barcina en 2011, por ejemplo- o el uso perverso del humor para señalar a personas, humillarlas y convertir en habitual su deshumanización a través del insulto y el acoso. El uso de las redes sociales ha convertido en tristemente habituales las campañas contra personajes públicos y los linchamientos verbales. Políticos y periodistas padecen a menudo los insultos y las amenazas de tipos que han encontrado en el odio y la violencia una forma de activismo atroz. Elena Valenciano tuvo que dejar Twitter por la persecución que sufrían sus hijos. A Federico Quevedo lo han insultado y amenazado. Carlos Floriano padeció un escrache que le llevó a marcharse de su domicilio para proteger a su esposa y a sus hijas. A Hermann Tertsch lo hostigan a diario. Con independencia de las calificaciones jurídico-penales –recordemos que un escrache a Soraya Sáenz de Santamaría no se consideró delito- es claro que poco a poco el nivel de violencia en la acción política –en lo físico y en lo verbal- está subiendo.
En España se están haciendo cada vez más comunes las campañas de insulto, difamación, acoso, humillación pública, etc. No se salvan ni la intimidad de las personas ni su honor ni su dignidad. Un personaje público está expuesto a la crítica, pero incluso eso tiene límites. Hay que reaccionar –por encima de las ideologías- frente a quienes incitan a la violencia o intentan legitimarla de distintas formas. Si le han hecho esto al presidente del Gobierno, ¿cree que usted estará a salvo cuando le llegue el turno?
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