Desarticulan una red de prestamistas que estafaba a personas necesitadas para quedarse con sus casas
En argot se conoce a este tipo de estafadores como ‘hienas’.
MADRID. Buscaban víctimas por toda la Comunidad de Madrid: cuánto más humildes mejor para poder -mediante acuerdos leoninos- quedarse con sus casas. Estipulaban intereses salvajes sin explicar las condiciones de los mismos, así como otros engaños en el proceso de concesión del préstamo, para conseguir que fuera casi imposible que los afectados, personas con graves problemas económicos y escasos conocimientos en materia financiera, pudieran devolver el importe prestado.
No daban explicaciones de las condiciones de los préstamos, y formulaban engaños en el proceso de concesión del préstamo para imposibilitar que los afectados, personas con graves problemas económicos y escasos conocimientos en materia financiera, pudieran devolver el importe prestado.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas presuntamente dedicadas a la concesión fraudulenta de préstamos con garantía hipotecaria, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.
Las víctimas contraían enormes deudas que se acrecentaban con el paso de los días al no poder hacer frente a los pagos, motivo por el cual llegaban a perder las casas que habían utilizado como aval. Aseguraban desde el primer contacto que existía un bien inmueble.
Las investigaciones comenzaron a principios del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de informes financieros que ponían de manifiesto ciertas irregularidades en la concesión de préstamos. Los ciudadanos llegaban a perder sus casas por los elevados intereses que no alcanzaban a pagar.
Tras meses de laboriosa investigación, la Policía pudo determinar que el prestamista principal trabajaba a través de diversos intermediarios, los cuales actuaban de manera similar en todos los casos.
Se anunciaban en diferentes medios intentando captar personas en paro o con graves problemas económicos que necesitaran un préstamo de dinero. En un primer lugar les hacían creer que una entidad les concedería el crédito, para lo cual tenían que presentar diferentes avales, entre ellos, los datos de la casa que tuvieran en propiedad.
Una vez asegurados que existía un inmueble que pudiera responder ante el impago, los intermediarios dejaban ver que las entidades no iban a conceder la financiación. En ese momento comenzaba la persuasión a las víctimas para que valoraran la posibilidad de un prestamista privado. Usaban todo tipo de estrategias para convencerles.
La firma del préstamo vulneraba la ley
En el momento que el cliente estaba decidido a contratar un prestamista privado y se realizaba la tasación de la casa certificaban el acto ante un notario para dar mayor verosimilitud y apariencia legal a todo el acto. Con esto se aseguraban que, en caso de impago del importe acordado, cobrarían el aval impuesto de manera legal.
En la notaría aparecía el prestamista privado dispuesto a aportar la cantidad que necesitaban aunque, en todos los casos la cantidad era menor a la solicitada. Además, en el mismo momento de la entrega del capital las víctimas tenían que abonar parte del dinero a los intermediarios por diferentes conceptos.
Durante la fase previa a la firma en el notario, se llevaban a cabo múltiples irregularidades, lecturas rápidas e incompletas de los documentos, no comprobaban si el dinero se correspondía con el acordado, ni tampoco acreditaban la entrega ni su origen, pudiendo vulnerar con ello todo lo establecido en la normativa sobre el funcionamiento de notarios y en la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Cuando se consumaba la estafa comenzaban a funcionar los intereses de demora, llegando a alcanzar cantidades desorbitadas por cada día que pasaban sin pagar, lo cual les obligaba a refinanciar la deuda, hasta que perdían la casa que habían puesto como aval.
Tras arduas gestiones, los policías encargados de la investigación consiguieron identificar y detener a un total de nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, entre los que se encontraba el máximo responsable de la organización.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La investigación continúa abierta, habiéndose tomado declaración hasta el momento a 20 afectados.