Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en América Latina

723
0
Share:
nacho diaz

El pasado día 5 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia sobre prisión preventiva, se presentó  «Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma política en América Latina y el Caribe» con el fin de aportar alternativas prácticas y remedios al desproporcional incremento  de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en esa región, el cual casi roza el 300% en los últimos años.

En algunos países como Argentina, Brasil o Costa Rica la población femenina encarcelada por estos crímenes supera con creces el 60% sin que ningún tipo de atenuantes relacionados con las coacciones a las que se vieron sometidas, su número de dependientes en el hogar, sus avanzados estados de gestación, sus problemas mentales o las secuelas de abusos físicos o sexuales sean tenidos en cuenta a la hora de  rebajar unas larguísimas condenas que, en muchas ocasiones, superan a las impuestas por violaciones y femicidios.

Estas condenas, además, en la mayoría de los casos no derivaron de ninguna seria amenaza social sino, más bien, de prácticas de alto riesgo para las detenidas con escaso o nulo beneficio propio como demuestra la introducción de “huevos” rellenos de droga en la vagina.

La razón de todo ello  se debe a que tanto las campesinas de las plantaciones, como las mulas, o las consumidoras, constituyen el eslabón más bajo, explotado y peor atendido de todo el mundo de las drogas, siendo, al tiempo, el más fácilmente reemplazado entre la inmensa cantidad de mujeres que viven en riesgo de exclusión social por motivos tan diversos como su raza o su poca formación.

Sobre esto la guía informa  que en Colombia el 76% de las internas no han podido terminar su educación secundaria y, también, que en Brasil el 55% de las mujeres encarceladas son afrodescendientes. De igual modo añade que  esta población  tiene siete veces más probabilidades de acabar entre rejas en los EEUU.

Lo más triste de esta situación, según se desprende del documento, es que las detenciones no tienen “ningún impacto en la disminución del tráfico de drogas, o en la inseguridad ciudadana, la violencia o la corrupción que el negocio ilegal genera” ya que las detenidas “son actores menores del trafico” cuyo envió a prisión generalmente causa más daño que bien a las comunidades que pertenecen al dejar en manos del crimen organizado a quienes antes amparaban y protegían en libertad, mientras las autoridades se desentienden del cuidado necesario a procurarles en su lugar.

Por lo que a cultivo y producción se refiere las autoras de la guía dejan claro que “Invertir energías en buscar el castigo de mujeres que participan en el ámbito de producción en contextos de economías propias o de subsistencia campesina, exacerba su condición de vulnerabilidad y  genera desconfianza entre las comunidades”

La erradicación forzada de los cultivos de marihuana y coca, por tanto, implica que numerosas jefas de hogar sufran en los niveles más bajos de la cadena producción  pues son estas mujeres, de comunidades  étnica-campesinas, las que se encargan de las plantas,  cosechas, el trasiego de semillas e insumos para la producción, además de la prestación de servicios domésticos, la manipulación de alimentos y el transporte de pequeñas cantidades.

De ello se deduce que cuando los estados fumigan y arrasan las plantaciones sin proporcionar cultivos alternativos de subsistencia estas mujeres vuelven a ser víctimas “de las peores consecuencias de la falta de acceso a la propiedad de la tierra, los bajos ingresos generados en las actividades rurales o del trabajo no remunerado” perpetuándolas en su ciclo de pobreza todavía más acrecentado, si cabe, por el ingreso en prisión.

Para evitar todos estos abusos contra los derechos humanos de las detenidas y sus personas dependientes, además de para garantizar medidas de empoderamiento que permitan a las mujeres rehacer sus vidas, la guía propone entre otras muchas medidas, la descriminalización del consumo, una reforma de políticas de drogas departiendo de sus orígenes androcéntricos y ajustándolas a los principios de género y desarrollo , indultos, amnistías, conmutación de las penas y una invitación firme a que la privación de libertad se convierta en un recurso de ultima ratio teniendo en cuenta todo lo señalado.