Rivas cree que las medidas del Pacto Regional por la Cañada Real «consolidarán la marginación social»
RIVAS. El Ayuntamiento de Rivas ha considerado que las medidas del Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, propuestas por el Comisionado para la Cañada Galiana, José Antonio Martínez Páramo, «consolidarán la marginación social».
En un comunicado, el Consistorio ha criticado las medidas relativas a la urbanización del terreno y dotación de servicios para la Cañada Real, y ha acusado al Gobierno regional de «consolidar la pobreza y la exclusión de las personas».
Las propuestas de Martínez de Páramo incluyen la construcción de una escuela infantil, narcosalas, la conexión del poblado chabolista con líneas de autobuses urbanos y la elaboración de un censo de personas para la legalización de sus viviendas en el espacio natural de la Cañada Real. Pero, a juicio del Consistorio, la Cañada es una zona «incompatible con el establecimiento de áreas urbanas dignas y seguras».
«Cifuentes culmina la estrategia del PP impulsada por Esperanza Aguirre«, ha criticado el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, quién también ha apostillado que las propuestas «apuntalan un núcleo de marginalidad ubicado en un espacio inhabitable y próximo a zonas como las vías del AVE, el oleoducto y la M-50, donde no se puede garantizar la seguridad».
En este sentido, Rivas mantiene su planteamiento de recuperar este espacio natural y realojar a sus habitantes en núcleos de población consolidados. «Siempre hemos apostado por una salida integral que implique un programa de políticas socio laborales que inserten a las personas afectadas en la sociedad y les devuelvan unas condiciones dignas de vida, además de la protección ambiental de la zona», ha apostillado Del Cura.
Zona verde
La Cañada Real está ubicada en una vía pecuaria de especiales características históricas y naturales, y está regulada por la legislación relativa a estos espacios. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia de marzo de 2013, falló a favor de considerar la Cañada como un lugar pecuario protegido y estableció la ilegalidad de su urbanización.
«El Ejecutivo de Cifuentes debería escuchar las demandas y trabajar coordinado con las autoridades de todos los municipios implicados para encontrar soluciones conjuntas y consensuadas que prevengan nuevos focos de conflictividad y resuelvan los existentes», ha concluido el edil. PL/EP