De herejes y republicanos

Nacho Díaz.

Si algo ha demostrado la historia es que ser republicano o monárquico viene a ser lo mismo que ser ateo o creyente. Mientras que la Iglesia se encargaba de quemar a los herejes, los mecanismos del estado perseguían y condenaban  a quienes osaban dudar del poder absoluto de los reyes o conspiraban contra ellos.

Al final, cuestionar  la autoridad del Padre celestial era lo mismo que negar el buen juicio de su designado hijo político terrenal, sin que nadie valorase la libertad del individuo para relevarse contra el dogma de fe o la legitimidad real.

Acusar a Felipe VI de ser un Jefe de Estado no elegido por su pueblo para defender a quienes quemaron sus fotografías podría ser una escusa débil para defenderlos sino fuera, precisamente, porque por no haber sido elegido el Rey de España se debe tanto a quienes los alaban como a quienes lo critican ya que el absolutismo, como la Inquisición, son cosas del pasado.

Por este motivo ejercer una de las libertades fundamentales, como es la de expresión, para criticar un poder impuesto, heredado de una dictadura, no solo no debería ser delito sino que, además, debería ser tan legítimo como, de una forma similar, lo es para muchos estadounidenses el quemar su bandera cuando están en desacuerdo con su gobierno.

Para aquellos que se lleven las manos a la cabeza por lo que escribo, bastaría recordarles que, en el caso discrepar conmigo, le estarían  dando la razón a Donald Trump, pues el presidente electo no hace mucho prometió penas de cárcel para quienes cometieran tal afrenta, muy a pesar de que la Corte Suprema en dos sentencias recientes, 1989 y 1991, reconoció el derecho de cualquier americano a quemar su bandera en señal de protesta.

Sin haber estudiado muchas leyes entiendo lo suficiente para afirmar que los símbolos que, en teoría, sirven para unir un país son de todos y carecen de valores incorruptibles, como el amigo caza elefantes de Corina se cansó de demostrar durante sus largos años en el trono.

Tal vez, o tal vez no, su hijo sea mejor pero en el fondo sobre él recae la responsabilidad de representar a una nación dividida como la española, donde la figura de Rey, su defensa acérrima, casi dogmática y siempre precedida de una narrativa protectora-campechana no acaba de cuajar del todo entre una población que pide reformas al no querer creerse más lo cuentos de hadas de un sueño soñado hace  40 años.

Condenar a quienes critican o queman fotos del rey es tan solo un mero ejercicio de represión política, una vuelta de tuerca a la nostalgia de una estabilidad que ya nadie ni se imagina y un episodio anacrónico, que solo existe a día de hoy en países como Tailandia, donde aquellos que critican el descabellado nombramiento del perro del monarca como Mariscal del Ejército del Aire sufren presidio y hasta penas de muerte.

Nadie es más o menos español, vasco, gallego o catalán por quemar la foto del rey. Nadie por ese motivo es más patriota por criticarlo. Un rey está para lo que está y aguantar la que se le venga encima según sean las necesidades los ciudadanos ya que, en opinión de muchos, nadie le pidió ocupar el cargo que ocupa.

Los que si se lo pidieron, sin embargo, deberían darse cuenta que el poder real no justifica el castigo a quienes difieren de él pues solo en el derecho a discrepar se goza de la verdadera democracia de la que la Transición Borbónica privó a España.

Intentar mantener la actual monarquía como el tabú que fue la anterior solo puede alimentar más el descontento con la figura de un rey intocable, lejos de las voces que piden cambio o también, porque no decirlo, Republica y federalismo para tratar de recomponer un país que, en sus intentos de volver a ser algo que una vez estuvo a punto de ser, se ha dejado arrastrar por la intolerancia conservadora y una socialdemocracia carente de sentido, marchando con rapidez  en sentido opuesto al buen rumbo del progreso.

Volver, por tanto, a escudarse en el rey para justificar las erróneas decisiones de la clase política constitucionalista solo puede servir  para convertir al Jefe del Estado en una figura obsoleta, representante de la inmovilidad y el despotismo del pacto PPSOE, a la vez que represor e inquisidor de cualquier voz disidente que se atreva a dudar de su salvador y protector modelo de estado.