El PP participará en la nueva comisión de investigación sobre la venta de 1.860 viviendas de la EMVS

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MADRID. El PP participará en la nueva comisión de investigación aprobada este martes por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, con la abstención del PP, para crear una comisión de investigación limitada a la gestión de la EMVS y del Ayuntamiento en la enajenación de las 18 promociones de viviendas protegidas realizada en 2013, el origen del endeudamiento de la empresa municipal y el posible perjuicio patrimonial realizado a las arcas municipales con esa venta.

Ahora Madrid y PSOE han llevado una proposición al Pleno sobre modificación del objeto de la comisión de investigación, tumbada en los tribunales tras el recurso presentado por el PP por la generalidad de lo investigado.

Dicha proposición ha decaído tras la aprobación de la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, que ha abogado por la creación de una comisión de investigación nueva sobre esos ámbitos de actuación. Ciudadanos ha planteado que la comisión tenga una duración de tres meses ampliándose a otros tres más en función de las circunstancias.

La primera teniente de alcalde y presidenta de la EMVS, Marta Higueras, ha instado al PP a participar en esta comisión, con un objeto «más concreto». La edil ha defendido que la comisión «no trata de ni de revanchismo ni de causas generales».

La socialista Mercedes González ha declarado que el PP consiguió parar en los tribunales la anterior comisión «pero no la verdad» porque «todo el mundo sabe que ustedes (al PP) emplearon en la venta de 1.860 viviendas públicas la ley de la selva, que no utilizaron ninguno de los preceptos legales de libre concurrencia y que la Comunidad fue la colaboradora necesaria». «Su operación fue oscura y cruel, vendieron viviendas de la gente que más las necesitaba para que sus amigos hicieran caja», ha lanzado.

El concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha recordado algunas de las irregularidades en la venta detectadas por el informe de la Cámara de Cuentas, como precio de enajenación inferior al exigible, falta de publicidad o falta de intervención de los inquilinos en el proceso.

«En el PP no nos oponemos a investigar a gobiernos anteriores aunque en el sistema democrático el control lo hace la oposición al gobierno, no el gobierno y parte de la oposición a la oposición», ha manifestado el edil del PP Íñigo Henríquez de Luna, que ha considerado que «reprobar la gestión de una decisión ilegal es un despropósito, como crear una causa general» a cargo del «inquisidor», el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato. EP.