Cáncer, movimientos migratorios, y violencia

carolina diaz

Carolina Díaz.

Las incidencias del cáncer dentro de cuerpos que se movilizan por entre espacios urbanos, políticos y violentos merecen nuestra atención.

Lo que presento aquí es un drama interminable que estoy viendo de cerca, y donde está en juego el “emperador de las enfermedades,” como Siddhartha Mukherjee denomina al cáncer, un actor de adelantos morbosos y casi implacables capaz de todo, capaz de ajustar de acuerdo a sus caprichos, el equilibrio único de cada cuerpo, comenzando secretamente por un nivel celular, para crecer después despiadadamente con hambre y como colonizador dentro de cualquier órgano, en cualquier parte de las mamas, los pulmones, el estómago, el colon, la próstata, además del cerebro, la medula espinal, hasta en la misma sangre.

En esta lucha orgánica que se convierte de forma exponencial en una social, los protagonistas en realidad son aquellos individuos que quiero resaltar: a los que han sido diagnosticados con cáncer, y que además se identifican como no-naturalizados e irregulares, que se mueven por territorios nacionales y fronterizos en estados al suspense, como en trámite siempre, o en espera de ser deportados, fuera o dentro de centros de detención.

El escenario en el que encuentro al emperador de las enfermedades dentro de los cuerpos marcados, es un territorio violento. Primero, por las premisas políticas directamente aplicadas sobre la existencia, por los controles, y segundo, por los sistemas operados por más actores implicados (profesionales, pacientes, gestores e industria), basados estos siempre en una dinámica económica y separatista.

Y es entonces cuando se desenlazan las experiencias de individuos, parejas, familias y mujeres solas con hijos, que se encuentran a la espera de una deportación obligada, y que descubren por sorpresa un cáncer ya avanzado, en muchas ocasiones diagnosticado dentro de las temporalidades de los controles oficiales.

Surgen los riesgos y las incertidumbres sobre el estado de todo.

Entran en la escena los dilemas, como el volver al país de origen para indagar entre posibilidades, o quizás el laborioso retroceder. La marcha atrás significa la afiliación obligatoria al sistema de la ley que ya rechazó una vez, y al de la salud. Y debe hacerse rápido. Estos son los llamados estados de emergencia.

Experiencias que señalan a aquellos que retroceden, a los que se encuentran en tránsito, en mitad de trámites para obtener el permiso de la residencia, a los que ya están asentados y naturalizados, revelan al interesado el enfrentamiento arduo a un diagnostico inminente, y en muchos casos avanzado, y también a un sistema de salud que crea y suma vulnerabilidad, y que además está garantizado a que sea caro y pesado.

Dentro de este reto, se encuentran los procesos del diagnóstico y la entrada del cáncer en la vida, la búsqueda del espacio sanitario apropiado, ese espacio donde se acepten estados civiles irregulares, y más o menos normalizados, y donde se permita por supuesto, la asistencia en casos de urgencia para proveer el cuidado correspondiente y necesario.

Dentro del encuentro clínico y hospitalario, además debe existir el sobreponerse del individuo frente a la desconfianza, la incomodidad y muchas veces la incomprensión.

A estas dificultades, mayoritariamente físicas, psicológicas, y sociales, se añaden las económicas siempre entrelazadas a sesiones de papeleos sobre documentación y permisos, realidades imposibles de evitar pero impulsadas a menudo por el deseo de un tratamiento completo y el de la supervivencia.

Nuestra atención a esta vertiente del fenómeno del movimiento migratorio ligado a una enfermedad grave como la del cáncer merece nuestra atención, ya que las incidencias de estos casos y sus repercusiones venidas de diagnósticos de padecimientos avanzados y tratamientos incompletos son alarmantes.

Aquí hago un llamamiento para que se entienda que el reto de muchos es un gran gigante al que se debe desestabilizar y destruir, un sistema de salud politizado y por lo tanto violento, donde las regulaciones estrictas basadas en estatus socioeconómicos reducen a la salud y al cuidado a derechos realmente insostenibles.