Reforma de la Educación: Wert cede a la presión autonómica

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MADRID. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, cede a la presión de los gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, y finalmente  ha acordado con los responsables autonómicos del ramo posponer la aprobación de los reales decretos que establecerán el currículo académico de la ESO y el Bachillerato, tal y como pedían los distintos gobiernos regionales.

En su lugar, se aprobará únicamente el desarrollo reglamentario de los currículos correspondientes a los cursos en los que este año entra en vigor la nueva Ley Educativa: Primero, Primaria y FP Básica.

Ésta era una demanda de las CCAA que venían reclamando a Educación más flexibilidad para el desarrollo reglamentario de los currículos académicos.

«Retrasos igual a más gastos»

En rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en su departamento, Wert ha explicado que las modificaciones previstas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para estos tramos educativos son «suponen un incremento de gasto» y son susceptibles de ser financiadas por el Fondo Social Europeo, que apoya las iniciativas en favor de la lucha contra el abandono escolar temprano.

El ministro aportará 2.000 millones de euros hasta 2020 para financiar la implantación de la nueva Formación Profesional Básica y la anticipación de itinerarios prevista para cuarto curso de la ESO. En total, 1.200 millones procederán del Fondo Social Europeo y el resto, de los Presupuestos Generales del Estado.

Aunque los detalles del reparto de estos fondos no se concretarán hasta abril, cuando Wert ha propuesto celebrar una Conferencia Sectorial de Educación monográfica al respecto, sí ha adelantado que el Estado jugará un doble papel en su gestión. Por un lado, adelantará el importe financiable y, por otro, aportará la parte que las administraciones públicas están obligadas a coofinanciar, en este caso, un 40%, es decir, 800 millones de euros.

No obstante, el ministro ha apuntado que 2.000 millones de euros «no es necesariamente» el coste total que tendrá implantar la Formación Profesional Básica y los itinerarios en cuarto de ESO, porque dado que la LOMCE persigue «la reducción del abandono escolar temprano» y eso implica «el mantenimiento en el sistema de un mayor número de alumnos», los costes «serán tanto mayores cuanto mayor sea el éxito de la ley».

«Eso es una cuestión a discutir en la revisión quinquenal del sistema de financiación de las comunidades autónomas y yo no comprometería una cifra porque tenemos que ir viendo qué resultados se van consiguiendo año a año y, en función de ellos, habrá que adoptar las previsiones que correspondan para atender al sobrecoste«, ha señalado.

 En contra de la LOMCE

Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, las cinco Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP, han vuelto a manifestar su rechazado a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles, y se han mostrado escépticas ante los anuncios hechos por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, relativos a la financiación de la Formación Profesional Básica.

«Son justamente aquellas comunidades gobernadas por partidos que han expresado su oposición radical a la LOMCE y su voluntad de derogarla quienes encuentran imposible llegar a tiempo a su desarrollo. Quizá es una coincidencia», ha ironizado el ministro, quien ha incidido en que el calendario está en el propio cuerpo de la Ley y es por tanto una cuestión «ya aprobada y decidida».

En este sentido, ha señalado que su departamento tiene que «hacer un desarrollo completo de todo el currículo para Ceuta y Melilla», donde ostenta la competencia en materia de Educación, un desarrollo que «va a estar disponible a la mayor brevedad y se va a poner a disposición del resto de las comunidades» porque «les puede facilitar el trabajo».