Las reclamaciones contra las privatizaciones y los recortes llegan al Congreso
Por José Manuel Dolader.
El pasado jueves 24 de mayo, miembros de la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad han tenido una reunión con las diputadas del Grupo Parlamentario Unidos-Podemos. Los miembros de esta plataforma expusieron las múltiples carencias que existen en el colectivo, donde se abrió extensos informes orales sobre situaciones vividas y otros hechos recopilados entre usuarios/as, trabajadores/as y familiares.
Estuvieron presentes en esta reunión:
– María del Pilar Carretero Santamaría, Asociación por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.
– Julio Rodríguez Saiz, miembro de la Unión de Plataformas y diagnosticado de esclerosis múltiple.
– Esteban Barreto, trabajador y miembro de la Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional.
– Eduardo Calderón y Javier Garzón, miembros del Círculo de Diversidad Funcional en Podemos.
– Ana Marcelo y Teresa Arévalo, portavoces de las Comisiones de Servicios Sociales y de Diversidad Funcional en el Congreso de los Diputados.
– Ángela Mussat como técnica en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Durante la reunión se ha señalado la mala calidad en el servicio que poseen los diferentes sectores de lo social, centrando la mirada en los pliegos técnicos que elabora la administración, las ratios en residencias y centros ocupacionales, los múltiples convenios colectivos que cohabitan a la baja, las muertes producidas en residencias por la precariedad y escasez en la atención debida, los recortes empresariales en las condiciones laborales, etc. sin que las administraciones tomen estas denuncias en consideración ya que son ellas las principales culpables al realizar concursos públicos donde priman los precios a la baja en las subastas, realizando muchas empresas bajas temerarias para llevarse los concursos y que luego repercuten directamente en los salarios de los trabajadores.También se constató que, fruto de la dinámica por parte de las administraciones, las cuales trasmiten fondos públicos a entidades privadas por medio de subvenciones, el miedo a denunciar el abandono institucional y la negligencia es algo muy habitual entre los usuarios/as y los mismos trabajadores/as, pues unos por su misma situación de vulnerabilidad y otros por ser contratados directamente por la gestión privada, lha originado un estado precario en la vida de estos profesionales.
También, desde los miembros que participan en la Unión de Plataformas de los Servicios Sociales y la Diversidad, se habló sobre la ineficacia de los controles por parte de la administración y las inspecciones, donde se ha manifestado que, a las muchas empresas de lo social, les sale más barato pagar sanciones económicas que cumplir con la obligación de llevar a cabo los mínimos de calidad exigibles en el servicio. De igual forma, se expresó que, a nivel general, los centros de la diversidad funcional o discapacidad están perdiendo su condición como modelos de integración o intervención social, ya que se han transformado en empresas (bajo el paraguas de CEE), donde se busca el beneficio económico sobre las necesidades de las personas. Así mismo, con respeto a la salud laboral, desde estos centros se viene observando un aumento en el acoso laboral y psicológico a los trabajadores/as, al igual que presionan a los familiares y usuarios/as que se atrevan a mantener lazos afectivos con los trabajadores/as de atención directa o que exijan dignidad, calidad y justicia social.
Las diputadas recibieron en el Congreso a varios miembros de las Plataformas reivindicativas que están organizando una concentración el próximo 2 de junio en la Plaza de Neptuno a las 12 horas.
Por otro lado, a medida que se fue desarrollando la reunión, se ha ido concluyendo que se debe revertir, por medio de la movilización, toda la degradación y la alarma que hoy poseen los servicios sociales. Acto seguido, al amparo de la idea que debemos cuidar lo nuestro ya que «todxs seremos dependientes», se puso como ejemplo la atención domiciliaria y su precaria situación, donde la volatilidad de las empleadas está afectando directamente a los usuarios/as en muchas empresas.
Así mismo, hacen constatar que más del 77 por ciento del colectivo laboral es femenino, con la consiguiente brecha salarial que ello conlleva, pues son mayoritariamente mujeres quienes se hacen cargo profesionalmente de los servicios sociales y quienes padecen en primera persona la precariedad laboral (salarios mínimos, elevada parcialidad, temporalidad en la contratación, etc.). De igual forma, se comentó la situación que viven los Centros Especiales de Empleo y Centros Ocupacionales de la diversidad funcional, los cuales funcionan como verdaderas ETTS, donde las situaciones de trabajo escasamente retribuido entre los usuarios/as se deben a que ahora prima la retribución económica de la entidad sobre el fin pedagógico.
Esa lógica dentro de los mismos centros ofrece mano de obra barata, a la cual no se le retribuye económicamente por su esfuerzo, tampoco cuenta con un claro objetivo de interrelación o integración social. En la misma situación, también se debe exponer ante la opinión pública, la realidad que viven las familias y los usuarios/as de las residencias de la tercera edad, pues la ciudadanía debe conocer el abandono y la irresponsabilidad del gobierno y las administraciones, donde el lucro hace que cada día dirijan sus acciones políticas y administrativas a entidades, empresas y patronales de “lo social” que se benefician haciendo negocios sobre las necesidades y la enfermedad de las personas.
En la reunión mantenida se ha señalado que es una vergüenza que vendan falsamente la idea de que son imprescindibles, pues nos dicen que contribuyen al bienestar de nuestra sociedad, mientras cercenan los derechos sociales y retributivos de las profesionales, escatimando y estrangulando la negociación colectiva y la dignidad de los usuarios/as que se ven abandonados en muchas residencias por la falta de plantillas durante los periodos de nocturnidad, fin de semana o festivos.
Finalmente, en la reunión mantenida con el Grupo Parlamentario de Unidos-Podemos, se ha cerrado con el compromiso de que inicien un trabajo en los servicios sociales que revierta la situación anteriormente descrita. También han indicado que «no podemos dar un paso atrás en los derechos de las personas que atendemos porque hoy todo está en juego y no cabe otro camino que unirnos y luchar juntos por un fin común, el cual nos lleva a unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad». Para alcanzar tal meta se han comprometido a lo siguiente:
– Apoyo desde el Grupo Congresista de Unidos-Podemos al manifiesto conjunto y cartel de la concentración que impulsa la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad.
– Acciones que lleven a visualizar, por medio de los medios de comunicación y otras herramientas, la alarma social por la que hoy pasan los diferentes sectores de los servicios sociales.
– Compromiso para llevar, como Grupo Parlamentario de Unidos-Podemos, la ley de residencias que ya se ha ido trabajando para la Comunidad de Madrid, siendo ahora, de forma simultánea, a nivel de todas las comunidades autónomas y estatal.
– Trabajo conjunto, por medio de una Comisión de Trabajo, en el área de los servicios sociales.
Ahora queda ver si las visitas al Senado y al Congreso de miembros de esta Plataforma sirven para que los distintos responsables políticos se conciencien que con salarios precarios este país no puede decir que se esta mejorando la economía a costa de los trabajadores que cobran salarios ínfimos más propios de países en vías de desarrollo que de un país como España que quiere estar sentado con las grandes economías como si España lo fuera.