Los tribunales dan la razón al equipo de gobierno de Galapagar al absolver definitivamente a la exconcejal de RRHH

Galapagar

GALAPAGAR. 15 denuncias interpuestas ante el Defensor del Pueblo, otras que se han interpuesto en la Fiscalía, e incluso en la Guardia Civil, o como es este caso, directamente en los Tribunales de Justicia, son todas ellas denuncias ya archivadas y que vienen a demostrar la oleada de denuncias falsas que está recibiendo el equipo de gobierno de Galapagar en los últimos años, con el único propósito de intentar manchar su imagen y tratar de impedir la gestión en favor de los vecinos de Galapagar. Ahora se suma una nueva sentencia de la sección nº4 de la Audiencia Provincial de Madrid, que da la razón definitiva al Ayuntamiento de Galapagar en el caso de la que fuera concejal de Recursos Humanos, María del Amor Santos.

Los tribunales acaban de desestimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado el 2 de marzo de 2018, en el que ya se disponía el sobreseimiento provisional de la causa. Ahora, la sentencia se archiva probando la inocencia de la exconcejal, a la que se le acusaba de tres presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad de documentos públicos y contra la integridad moral, además del que fuera jefe de Policía de la localidad, Juan Manuel González, también imputado por presuntos delitos de prevaricación y contra la integridad moral de un policía.

Tal y como se recalcó en el momento de conocerse la denuncia, se trataba de “una venganza” de un policía que había sido sancionado en varias ocasiones y había decidido llevar “un asunto puramente administrativo por la vía penal”. Ahora los tribunales dan la razón y dejan patente el buen hacer de la concejal, el jefe de policía y el equipo de gobierno.

El gobierno de Daniel Pérez Muñoz lamenta la utilización fraudulenta de la justicia que se está llevando a cabo por aquellos que intentan enturbiar el trabajo de estos años y más aún, se lamenta que en muchas ocasiones sean los propios partidos de la oposición los que, en vez de realizar una labor de fiscalización del gobierno constructiva y colaboradora, se dedican a presentar denuncias falsas, entorpeciendo con ello la labor de la justicia y perjudicando con ello a sus propios vecinos.