La Comunidad invierte 6,2 millones en la atención de madrileños con discapacidad intelectual

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MADRID. La Comunidad de Madrid va a invertir 6,2 millones de euros en el mantenimiento de 76 plazas destinadas a la atención de adultos con discapacidad intelectual gravemente afectados y que residen en centros situados fuera de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional ha aprobado esta semana la celebración de seis contratos, derivados de un acuerdo marco, para garantizar la atención que se presta a estas personas en centros residenciales y centros de día de otros puntos del país. Estos contratos garantizan la continuidad de cuidados a personas que ocupan estas plazas desde antes de que se pudiera desarrollar la red pública de atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid. La Ejecutivo regional puso en marcha el pasado verano la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad para garantizar la inclusión de la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas públicas regionales.

La Estrategia cuenta con una dotación de casi 3.600 millones de euros para el periodo 2018-22, lo que supone duplicar la inversión presupuestaria actual. Tiene nueve áreas de acción generales, 99 líneas de acción y 468 medidas específicas, en las que se integran los distintos ámbitos de actuación de la administración de la Comunidad de Madrid y de sus organismos públicos.

Entre sus objetivos principales están: la inclusión social; la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias; la autonomía individual; la igualdad de oportunidades y la no discriminación; la protección de los grupos más vulnerables; la accesibilidad universal; la coordinación de las políticas públicas; la atención integral y la participación social. La Comunidad de Madrid destina más dinero que nunca a la atención de las personas con discapacidad. Así, en los presupuestos para 2019 se recogen 341,8 millones destinados al mantenimiento de plazas para personas con discapacidad y se introduce un incremento de casi un 3 % en los créditos destinados a la creación de nuevas plazas.