Nace el Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid

Pozuelo

MADRID. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que el Gobierno autonómico crea el Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.

Este órgano colegiado, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, tendrá carácter consultivo e interdepartamental y se encargará, además, de elaborar propuestas para mejorar el arbitraje y la mediación como resolución alternativa de conflictos. También potenciará otros modelos de resolución extrajudicial, como son la conciliación previa o el arbitraje anexo.

El Observatorio de Justicia y Competitividad estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, 19 vocales y un secretario. La presidencia recaerá en turnos rotatorios de un año de duración en los titulares de las consejerías de Justicia y Economía, aspecto que se repite en el caso de la vicepresidencia. La pertenencia a este órgano no conlleva recibir remuneración alguna.

El Observatorio se constituirá en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Se reunirá al menos dos veces al año de manera ordinaria o tantas veces como sea convocado por su presidencia en sesión extraordinaria si fuera necesario. El primer turno de la presidencia corresponderá al consejero de Justicia, Interior y Víctimas.

Amplia representación del ámbito judicial y económico

Los vocales representan a un amplio espectro del ámbito judicial y económico de la región y su nombramiento tendrá una vigencia de tres años. De los vocales, dos actuarán en representación de la Consejería de Justicia, otros dos de la de Economía, Empleo y Competitividad; y otros dos de Vicepresidencia, que tiene las competencias de Estadística. Estos seis vocales deberán tener el rango de viceconsejero o director general.

El resto de vocales actuarán en representación de la Abogacía General y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid; del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como juez o magistrado y como letrado y de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.

También habrá un vocal en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; del Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Madrid; así como de las facultades de Derecho y de Economía, en ambos casos propuesto por el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.

Por último, tendrán representación la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, el Club Español del Arbitraje, el Ilustre Colegio Notarial de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

El secretario deberá tener la categoría profesional de subdirector general o de un funcionario que ocupe un puesto con un nivel equivalente, perteneciente a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas o a la de Economía, en función de quien ostente la presidencia.