Desindexación, la palabra «antiempresas»
José Manuel Dolader.
Desde un punto de vista macroeconómico, existen cuatro categorías principales de indexación: indexación salarial, indexación de tasas de instrumentos financieros, indexación de tasas impositivas e indexación de tipos de cambio. Los primeros tres están indexados por inflación. El último generalmente está indexado a una moneda extranjera, principalmente el dólar estadounidense. Cualquiera de estos tipos diferentes de indexación se puede revertir (desindexación).
La aplicación de una cláusula de incremento del coste de la vida a un flujo de pagos periódicos protege el valor real de esos pagos y transfiere efectivamente el riesgo de inflación del beneficiario al pagador, que debe pagar más cada año para reflejar los aumentos en los precios. Por lo tanto, la indexación de la inflación a menudo se aplica a los pagos de pensiones, alquileres y otras situaciones que no están sujetas a una nueva fijación de precios en el mercado.
La indexación ha sido muy importante en entornos de alta inflación, y se conoció como corrección monetaria «correção monetária» en Brasil de 1964 a 1994. Algunos países han reducido significativamente el uso de cláusulas de indexación y aumento del costo de la vida, primero aplicando solo una protección parcial para los aumentos de precios y eventualmente eliminando dicha protección por completo cuando la inflación se reduce a un solo dígito.
España se posicionó en el año 2015 y se ha olvidado de las empresas.
Sin embargo en España en el año 2015 el gobierno presidido por Mariano Rajoy publicó en el BOE la Ley conocida como de Desindexación que repercute directamente en las empresas que contratan con el Estado, la subida de los costes sin que puedan negociar las empresas los costes de de la vida como las materias primas, la luz o los salarios de sus empleados. Algo ilógico en un país donde trabajan para la Administración Pública cientos de miles de personas que pertenecen a empresas que participan en todo tipo de licitaciones y concursos públicos.
Podemos conocer en este documento la Ley de Desindexación de la Economía del año 2015 que hemos comentado anteriormente:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3443
La preocupación es tan importante que incluso las patronales, CEOE y Cepyme, y los sindicatos, UGT y CCOO, han pedido al Gobierno que ponga cartas en el asunto, pero hasta ahora no ha tenido la repercusión necesaria entre nuestros políticos, probablemente por desconocimiento.
Esta pérdida de competitividad para las compañías hace que muchas empresas de servicios no se presenten a determinados concursos públicos, ocupando su espacio empresas extranjeras que tienen entre sus accionistas a grupos de capital riesgo que ven una oportunidad de introducirse en España, bajando posteriormente la calidad de los servicios. Otras empresas como indicaba este lunes el periódico El Mundo como Ferrovial o Sacyr, han optado por vender su unidad de servicios.
¿Es lógico que en tiempos de crisis económica no se apoye a las empresas que trabajan con las Administraciones Públicas y se les deje ir a la ruina en muchos casos o sería más lógico apoyar al tejido empresarial de nuestro país?