La concesionaria de basuras denuncia a la alcaldesa de Ciempozuelos por coacciones y prevaricación

CIEMPOZUELOS. La empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos en Ciempozuelos, European Cleaning, ha presentado una querella contra la alcaldesa de la localidad, Chus Alonso, por los supuestos delitos de coacciones, prevaricación y malversación de fondos públicos, según ha anunciado el propio grupo municipal del gobierno, Ahora Ciempozuelos.

Según el grupo, la denuncia también es extensible a dos funcionarios municipales que han elaborado el informe que concluye que la empresa está facturando 1,1 millones de euros más de los necesarios en su contrato con la Mancomunidad de Residuos Ciempozuelos-Titulcia.

Con las diligencias previas abiertas, la propia alcaldesa ha confirmado que el próximo 24 de enero está citada en los juzgados de Valdemoro para prestar declaración ante el juez sobre el caso, ante lo que ha manifestado que no tiene «ningún miedo» y que hará públicos todos los acontecimientos referidos a la denuncia.

A juicio de Alonso, se trata de «una pataleta de la empresa porque está bastante acorralada con la sobrefacturación demostrada en los informes», al tiempo que ha señalado que el equipo de gobierno está «muy tranquilo» debido a que están «haciendo lo que debemos hacer».

Por último la regidora ciempozueleña ha señalado que siempre se ha atenido al «más estricto cumplimiento de la ley» y el caso es «el mundo al revés», ya que es acusada de prevaricación por negarse a pagar más de lo que deben por el contrato, algo que «no es prevaricar sino todo lo contrario».

Aumentos de contrato

Por su parte el grupo de Ahora Ciempozuelos ha recordado a través de un comunicado que dicho contrato con European Cleaning data del año 1992, siendo alcalde Joaquín Tejeiro, cuando se acuerda la adjudicación por siete años y un importe de 230.000 euros, si bien con el paso de los años la duración y el importe del contrato ascendieron a cerca de 1,8 millones de euros «de manera injustificada».

También recuerdan que varios gobiernos anteriores encargaron informes que ya en 2006 advertían del sobrecoste del servicio y el Tribunal de Cuentas también reparó en este contrato en su informe de fiscalización de los ejercicios 2006 y 2007. PL/EP