‘Caso Ciempozuelos’: un testaferro del exalcalde admite que cobró comisiones

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CIEMPOZUELOS. El empresario Francisco Javier Marazuela, considerado por el fiscal uno de los testaferros del exalcalde Pedro Antonio Torrejón, ha reconocido en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid que cobró comisiones de varias constructoras implicadas en la trama de corrupción del ‘caso Cornezuelos’ por buscar terrenos en este municipio a través de varias sociedades de las que era propietario.

Marazuela se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por blanqueo de capitales y a una multa de ocho millones de euros. El imputado era amigo personal de Torrejón desde 1998 y era en esa época dueño de las sociedades Frangest y Urbanges.

Tanto el fiscal José Grinda como la acusación que ejerce el PP, a través del abogado Juan Ramón Montero, tienen la tesis de que los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Torrejón y Joaquín Tejeiro se sirvieron de sociedades como las citadas para canalizar presuntamente las comisiones que cobraron de las inmobiliarias como Bitango.

El supuesto testaferro de Torrejón ha indicado que constituyó Urbangest para ser una sociedad intermediaria en la compra de terrenos, al igual que Frangest. A través de estas sociedades, Marazuela facturó por sus servicios de localización de terrenos a las inmobiliarias Bitango, Tifan y Sanedi, precisamente las implicadas en el ‘caso Ciempozuelos’. Su socio era otro de los empresarios imputados, Manuel Ramón Martín Peña.

 Juan Ramón Montero ha explicado en los pasillos a los periodistas que Marazuela, debido a su relación con Torrejón, «tenía acceso a los terrenos que se iban a recalificar» y que por ello, iba a visitar las fincas con el catastro».

En este punto, ha reconocido que cobraban comisiones «por cada terreno». «Las comisiones eran por metros. Nos las repartíamos fifty a fifty», ha admitido al tribunal. Sin embargo, ha destacado que ni un euro de estas operaciones urbanísticas jamás fue a parar a Torrejón o algún miembro de su familia.

Por su parte, el presidente de Esprode, Francisco Javier Castillo, ha destacado que en los terrenos comprados por esta empresa no eran necesarios recalificaciones, ya que eran ya urbanos. «El suelo estaba adentro de las normas y era urbanos. No se necesitaba el PGOU», ha insistido.

La firma de Castillo aparecía en el famoso contrato enviado por la banca andorrana para justificar un ingreso y por el que constaba que iban a recibir 40 millones de euros en comisiones por recalificar unos terrenos para Esprode. Pese a la importancia de esta firma, nadie le ha preguntado sobre esta cuestión.